«Los medios de comunicación públicos deberían haber cambiado hace años«, reclama Joan Botella, politólogo experto en medios de comunicación y en cambio, lamenta, han derivado cabe «a un partidismo insoportable». Botella es doctor en Derecho y catedrático de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fue miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña entre el 1997 y el 2006, donde fue responsable de pluralismo informativo y de relaciones internacionales. Esto lo llevó a ser miembro del comité directivo de la EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), de la que fue elegido presidente entre 2005 y 2007. Ha participado en el Simposio Internacional sobre Derecho a la Información y Ciudadanía organizado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), donde ha sido entrevistado por la periodista Laia Serra Valls.

Joan Botella, Doctor en Derecho y catedrático de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Botella constata el partidismo en los medios de comunicación en Cataluña en el hecho que «sabemos que el director de Catalunya Ràdio es de un partido mientras que el de TV3 es del otro partido con el que hace gobierno mientras al mismo tiempo los partidos se intercambian la dirección de los servicios informativos» en una y otra emisora otra teniendo así los dos representación en el control de los dos medios. Añade que «esto se ha dicho, se ha publicado y no ha habido aspavientos ni se ha generado ningún escándalo. Y en RTVE todavía es peor». Joan Botella, pero, cree que la situación de los medios públicos en España y Cataluña no es comparable a la de países del este de Europa, como Hungría o Polonia, donde considera que el control gubernamental de los medios es extremo. Dice que «no sería justo decir que en Cataluña y España la libertad de información está en peligro pero la percepción es que son instrumentos, incluso pesebres, donde se puede nombrar personas. En el Consejo de la Corporación «hay un señor que hace 25 años que está y esto que se renueva parlamentariamente». Finalmente asegura que «la reforma es urgente. el sector público se tiene que renovar y debe mejorar. Tiene que tener criterios más sólidos de eficacia y profesionalidad». La entrevista entera se puede consultar en este enlace.

El SPC ha iniciado en su página web una serie de noticias para dar a conocer lo más destacado del conjunto de entrevistas que forman parte del simposio, para ayudar en su difusión y para contribuir a enriquecer la conciencia ciudadana sobre la importancia del derecho a la información de la ciudadanía. Hay tres cada semana y en este tercer capítulo –los anteriores se pueden localizar en esta misma página web– también destacamos, además de Botella, las participaciones de Damián Loreti, impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, la conocida como Ley de Medios; y Pere Rusiñol, periodista que ha apostado por la creación de medios gestionados por los propios profesionales de la información que trabajan en ellos.

50.000 personas en la calle
La Ley de Servicios de la Comunicación Audiovisual de Argentina, más conocida como la Ley de Medios, fue promulgada en 2009 bajo el gobierno presidido por Cristina Fernández. La norma quedó suspendida después de la llegada al poder de Mauricio Macri. Damián Loreti, abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencias de la Información por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los máximos impulsores de la ley, explica que cuando esta fue aprobada «salieron 20.000 personas en la calle para celebrarlo» y que cuando Macri se la cargó « fueron entre 40.000 y 50.000» para protestar contra aquello que se les había arrebatado. Loreti detalla que «lo que planteábamos es que los servicios de comunicación audiovisual son un apoyo para el ejercicio del derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión».

Damián Loreti, abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencias de la Información por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

¿Por qué razón los estados necesitan regular el derecho a la información de la ciudadanía? Loreti recuerda que según la Unesco «todos los estados tienen la obligación de garantizar el pluralismo y la diversidad hacia las personas. Los países lo han firmado aprobando esta convención. Nadie lo niega, pero no hacen nada». La suspensión de la ley por parte de Macri «generó un efecto importante que cambió la relación de la gente con los medios. Se les empezó a exigir, como un poder que son, el reconocimiento de varias cuestiones, de varios derechos». La implicación ciudadana en la redacción de una ley de la comunicación nace del hecho que en 2004, «en Argentina había una ley que venía de la dictadura y que había sido empeorada por el neoliberalismo de Medem. Un conjunto de investigadores, entidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, medios libres, medios pequeños, universidades…, nos juntamos e hicimos una declaración de 21 puntos. Empezó a circular y el 2008 teníamos ya decenas de miles de adhesiones. Después de un largo proceso de debates, el 19 de marzo de 2009 se presenta un texto que empieza a discutirse en audiencias públicas en todas las universidades nacionales. Se recogieron 180 recomendaciones de modificación. Todo ello, con el silencio absoluto de los grandes medios de comunicación». La entrevista entera, realizada por la periodista Laia Serra Valls, se puede leer en este enlace.

Impensable haca diez o quince años
«Estamos viviendo un retroceso importante en materia de libertad de expresión. En una legislación que contiene delitos como las injurias en la corona se añaden la Ley Mordaza y las sentencias ejemplarizantes por delitos como ofender los sentimientos religiosos, lo que lleva a muchos medios a la autocensura». Lo dice el periodista Pere Rusiñol, que después de trabajar en varios de los grandes medios españoles, ha optado por impulsar pequeños medios impulsados por periodistas, como Mongolia. Esta publicación ha sido condenada, en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, por un delito de intromisión en el honor del extorero Ortega Cano. En esta cita que reproducimos, Rusiñol se refiere a este hecho y asegura que una resolución como esta «hace diez o quince años habría sido imposible». Rusiñol es otra de las personas que ha participado en este simposio en una conversación realizada con la periodista Joana Garcia Grenzner.

Una de las cuestiones que más ha analizado Rusiñol es  la propiedad de los medios. Considera que es algo muy importante, pero que parece que «a los periodistas les da pereza entrar». En las empresas de comunicación, afirma, ha aumentado la concentración de la propiedad de una manera no explícita. El sector financiero se ha quedado por activa o por pasiva la mayoría de los grandes medios españoles. Hay tres o cuatro grandes cabeceras bancarias de las que dependen casi todos los grandes medios». Por eso es necesario, reclama, «que haya organismos y mecanismos que velen para darnos la información sobre esta red de relaciones y de dependencias y para que evite estas concentraciones».

Pere Rusiñol, un periodista conocedor de los grandes medios que ha apostado porque los propios profesionales gestionen los medios.

En este contexto, los pequeños medios hechos por periodistas «lo tenemos difícil porque estamos en un mercado pensado para empresas capitalistas convencionales, que tienen unos empresarios que tienen otros negocios y que muchas veces utilizan los medios de comunicación aunque sean deficitarios para conseguir beneficios y ayudas políticas, económicas y empresariales para sus otros negocios». Si el derecho a la información de la ciudadanía estuviera realmente protegido, añade Rusiñol, «habría un montón de posibilidades desde el punto de vista de la legislación, de los recursos y de los instrumentos financieros». Pero para tener todo este marco «hace falta una decisión política más allá del periodismo, que legisle e intervenga en un mercado que está condicionado e incluso capturado, por unos intereses que dicen que creen en el mercado pero que en realidad solo fomentan oligopolios. Todo el entorno legal y económico no está orientado para favorecer y proteger este tipo de nuevas propuestas que compiten en un tipo de mercado trucado». Sin embargo, asegura Pere Rusiñol, «luchamos para consolidar estos espacios de libertad periodística». La entrevista entera se puede consultar en este enlace.

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