En el Estado español la legislación prevé la existencia de los medios comunitarios –o del Tercer Sector– «pero la ley no se ha desarrollado, no se ha hecho el despliegue normativo porque esto está dominado por los dos grandes grupos de interés, el público-institucional, que no quiere perder peso, y el privado-comercial, que actúa como monopolio, que ya intenta por detrás que haya muy pocas empresas». Esta es una de las afirmaciones de Carme Mayugo, que se define como experiodista y educomunicadora. Licenciada en Ciencias de la Información y Máster en Comunicación y Educación por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Mayugo ha participado en el Simposio Internacional sobre Derecho a la Información y Ciudadanía, organizado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) y celebrado de manera telemática.
El SPC apoya la reivindicación de los medios del Tercer Sector que en el reparto de las frecuencias de radio y televisión del espectro radioeléctrico, de titularidad pública, estas emisoras dispongan del 33% de las licencias en un reparto equitativo con el sector público y el privado. Mayugo explica «que entre finales de los años 90 y principios de los 2000 se estructura un discurso que dice que no basta con el tradicional reparto a dos bandas para hacer de balanza entre lo público y lo privado, una balanza a veces perniciosa porque a menudo está en las mismas manos y hay que visibilizar que hay unos medios de comunicación que pertenecen a la sociedad civil, a la gente organizada, a entidades que hacen las personas para hacer comunicación, que son estos medios comunitarios». Mayugo constata que a pesar de que la ley prevé su existencia, ni en Cataluña ni en España se ha hecho nada para que estos medios se puedan desarrollar.
Los medios comunitarios, en cambio, en otros lugares del mundo, como en América Latina o en Europa, sí que se han podido desarrollar mejor porque no han encontrado tantas trabas por parte de las respectivas administraciones, implementando los mecanismos previstos en sus legislaciones. Esto muestra los graves déficits del derecho a la información de la ciudadanía, tanto en Cataluña como el Estado español. Este derecho consiste en garantizar un sistema comunicativo que permita tanto recibir información de calidad como poder emitirla. Mayugo, finalmente, critica «el miedo de los estados y de los gobiernos y también de las grandes corporaciones a dar voz a la ciudadanía». La entrevista entera, realizada por la periodista Joana Garcia Grenzner, se puede consultar en este enlace.
Este es el cuarto y último capítulo de la serie de noticias que el SPC ha iniciado en su página web para dar a conocer lo más destacado del conjunto de entrevistas que forman parte del simposio, para ayudar a su difusión y para contribuir a enriquecer la concienciación social sobre la importancia del derecho a la información de la ciudadanía. Hay tres cada vez y en este capítulo –los anteriores se pueden localizar en esta misma página web– también destacamos, además de la de Mayugo, la participación de Beth Costa, periodista brasileña, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), del Brasil; y de Marc Serra, jurista y sociólogo y actual concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona, que ha apoyado la realización de este simposio.
«Los empresarios no quieren la regulación de la información»
Beth Costa, periodista y sindicalista, tiene 35 años de trayectoria en la televisión, como editora internacional de noticias. Ha sido también secretaria general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). En la entrevista realizada por la periodista Laia Serra Valls, Costa explica como en el Brasil, como también sucede en España, los empresarios de comunicación «dicen que la mejor regulación de la información es que no haya ninguna». La periodista brasileña recuerda que «en la constitución de 1988 hay un capítulo sobre comunicación social muy bueno, muy democrático, muy plural y diverso, pero ninguno de sus artículos ha sido desarrollado en una ley».
En la entrevista, Costa detalla cómo ha castigado al sistema de información un gobierno de ultraderecha como el que preside Jair Bolsonaro. Pone como ejemplo que con Bolsonaro «la violencia contra periodistas ha aumentado desde 2019 un 54% y la mayoría de agresiones han sido hechas por fuerzas policiales». La sindicalista brasileña insiste en la necesidad de regulación, especialmente en el ámbito de la radio y de la televisión «porque es una concesión pública del gobierno. Y sabemos, como hay en otros países, que hace falta una agencia de regulación para que las personas puedan acceder a la información, pero también para poder informar. Hace falta una información de calidad, plural, democrática, porque sufrimos un modelo monopolista. No hay variedad en las versiones y, en Brasil, la comunicación está en manos de las élites». La entrevista entera se puede seguir en este enlace.
El papel de las ciudades en garantizar el derecho a la información
«El rol de las ciudades es velar por la libertad de expresión y garantizar la libertad de prensa y de información». Es lo que afirma Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona. Serra explica que «el derecho a la información se articula en dos capas, una es el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de obtener información veraz de todos los medios de comunicación y es también la exigencia que tienen los profesionales para hacer la información con veracidad». Porque, añade, «es muy difícil discernir la verdad de la mentira, ver qué información es tendenciosa». Serra destaca que «para nosotros, el derecho a la información no es solo recibir información, sino también poder participar en las emisiones, poder participar en los procesos comunicativos»..
El concejal considera que «como administración más próxima, tenemos que dar, por un lado, los recursos suficientes al medio que tenemos, Betevé, y a sus profesionales para que puedan cumplir con su tarea. Pero por otro lado también tenemos que abrir otros canales e intervenir en el mercado. Esto exige intentar introducir una cierta igualdad y equiparación en el tratamiento y financiación de los medios privados»..
Serra cree que «en el contexto actual, la publicidad institucional cada vez es más importante en los medios de comunicación. Antes todo iba a los grandes y se olvidaba de los de proximidad. Una redistribución de los recursos es importante y estamos trabajando en ello». Finalmente constata «que no todo es lo público y lo privado, también hay los medios comunitarios que están emergiendo, gestionados por las entidades y los colectivos, una realidad que hay que reconocer y ver como se les puede ayudar». La entrevista entera, realizada por la periodista Joana Garcia Grenzer, se puede ver en este enlace.