Asignaturas pendientes para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía: Desarrollo legislativo del artículo 52 del Estatuto, la desgubernamentalización y despartiditación de los medios públicos catalanes, la aplicación de Planes de Igualdad en los medios de comunicación, la lucha contra los/las falsos/as autónomos/as en las empresas periodísticas, el reconocimiento efectivo de los medios comunitarios y del Tercer Sector, la asignatura de educación mediática en los ciclos formativos, la regulación de las prácticas de los y las estudiantes… Estas y otras cuestiones son las que el periodismo reclama a los poderes públicos que afronten de una vez por todas. Y queremos dejar constancia de aquellas cuya solución dependen esencialmente de las instituciones catalanas. El inicio de la legislatura es un buen momento para recordarlas y para introducirlas en la agenda política legisladora del Parlament o en la acción de Gobierno del nuevo Ejecutivo catalán.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) quiere recordar al nuevo gobierno los diferentes retos que el sector periodístico tiene planteados y que requieren soluciones y medidas que ya son absolutamente inaplazables. Para muchas de estas cuestiones hemos planteado alternativas, que están recogidas en el pentadecálogo 15 acciones para un periodismo digno, elaborado conjuntamente con las entidades con las que integramos la Comisión Periodigno y que ya aportamos a las candidaturas en las recientes elecciones al Parlament de Catalunya.

1.– Desarrollo legislativo del artículo 52 del Estatuto
El artículo 52 del Estatuto establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. En anteriores legislaturas, todos los grupos de la Cámara catalana mostraron su predisposición a afrontar el desarrollo legislativo de este artículo y ahora es el momento de hacer efectiva esta voluntad. El derecho a la información es el único derecho fundamental que todavía no ha sido regulado en todos estos años de democracia.

2.– Desgubernamentalización de los medios de la CCMA
Los partidos del gobierno catalán se deberían comprometer en la aplicación de la nueva Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA,) aprobada en octubre de 2019, renovando desde el Parlament el Consejo de gobierno de la Corporación con los criterios de mayoría cualificada para elegir consejeros independientes y profesionales, que deberían nombrar nuevos directores de TV3 y de Catalunya Ràdio a través de un concurso público.

3.– Aplicación de los planes de igualdad en los medios de comunicación
Las desigualdades de género también están presentes en las empresas de comunicación. Una manera de combatirlas es a través de los Planes de Igualdad. El SPC impulsa un plan para intentar que todos los medios los tengan, pero pide a la Generalitat una acción más decidida en aquellas empresas que por plantilla están obligadas a tener-lo y esto no se cumple. El Institut Català de las Dones (ICD) debe dotar de manera suficiente las ayudas para hacer real la apuesta de apoyo a la información con perspectiva de género con iniciativas formativas y/o laborales que fomenten la igualdad y la perspectiva de género en el sector.

4.– Lucha contra los/las falsos/as autónomos/as
La pandemia ha agravado la precariedad en muchos sectores y el de la comunicación es uno de los que más lo ha sufrido. El teletrabajo facilita tanto la consolidación las situaciones irregulares de muchos/as trabajadores/ras así como aparezcan de nuevas y hace falta una acción de la Inspección de Trabajo para evitar fraudes en la contratación laboral.

5.– Apoyo a los nuevos medios impulsados por periodistas
La crisis económica de 2008, no superada en el sector todavía cuando la pandemia todavía la agravó más, ha supuesto una gran destrucción de empleo en el sector. Para superar la situación, han aparecido nuevos medios de comunicación sin ánimo de lucro, aprovechando las facilidades de las nuevas tecnologías, impulsados por periodistas. Hacen falta medidas para ayudar a estas iniciativas a crecer y a desarrollarse, garantizándoles, de entrada, un tratamiento igualitario respecto al sector privado, en la concesión de subvenciones y en el reparto de la publicidad institucional sin ningún tipo de interferencia en ellos desde las administraciones públicas.

6.– Reconocimiento efectivo de los medios comunitarios
A pesar de que la existencia los medios de comunicación del Tercer Sector o comunitarios están reconocidos por ley, la falta de desarrollo hasta ahora de esta legislación les mantiene fuera de la legalidad lo que supone un agravio democrático que ya hace demasiados años que dura y que está provocando demasiados problemas a colectivos y entidades que quieren impulsar proyectos en este ámbito. Al mismo tiempo se les debe facilitar la viabilidad presupuestaria con un tratamiento igualitario respecto de otros medios

7.– La lucha contra la desinformación
Una de las lacras más graves en el sistema informativo actual es la desinformación y la manipulación. Una de las maneras de luchar contra esta problemática es la educación de las personas en comunicación. Por eso reclamamos la introducción en los ciclos formativos de una asignatura de educación mediática para formar a los y las escolares en este ámbito y enseñarles a detectar las trampas que se escondan detrás ciertas noticias. Esto debería contribuir, por otro lado, a paliar, ni que sea parcialmente, las altas cifras de paro que hay en el sector.

8.– La regulación de las prácticas de los y las estudiantes a los medios
En una acción conjunta con las universidades catalanas, hay que establecer mecanismos para evitar que la presencia de estudiantes haciendo prácticas en los medios derive en explotación laboral con jóvenes ocupando puestos de trabajo estructural sin prácticamente ninguna remuneración ni derecho laboral.

9.– Reconocimiento y protección de los alertadores y de los denunciantes
Implementar mecanismos para proteger a los denunciantes de corrupción y de irregularidades hechas por todo tipo de poderes, estableciendo medidas para preservar las fuentes informativas de los y las periodistas, de acuerdo con los principios recogidos en la ley aprobada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019 de Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.

Estas demandas se complementan con otras que también están expresadas en el citado pentadecálogo, a pesar de que no todas ellas, obviamente, son competencia del Gobierno de la Generalitat. El SPC se ofrece para abrir un diálogo abierto y profundo sobre estas cuestiones y marcar una hoja de ruta que permita ir desarrollando las medidas que se reivindican. El derecho a la información de la ciudadanía es un derecho humano reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuya aplicación y garantía en Catalunya está muy lejos de cómo lo está en otros países democráticos de nuestro entorno. Por eso es inaplazable afrontar las cuestiones que planteamos en este escrito.