La Federació de Sindicats de Periodistes ha sol•licitat a la institució del Defensor del Poble que rectifiqui la resposta que ha donat al Movemento pols Dereitos Civis, en la qual indicava que els periodistes que no van a les manifestacions identificats amb una armilla de color blanc amb la inscripció “premsa” es posen “en una situació de risc en aquest tipus de situacions”.

Aquest col•lectiu gallec va presentar una queixa davant la Defensora del Poble per l’actuació d’alguns agents de policia durant la protesta convocada el passat 29 de març a Madrid, que no va ser comunicada prèviament a la Delegació del Govern.

En l’escrit de resposta a aquesta queixa se cita el conveni de col•laboració subscrit el març de 2011 entre el Ministeri de l’Interior i la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), en el qual s’estableix que, a les manifestacions al carrer, els periodistes i fotoperiodistes “podran, de forma voluntària, portar un distintiu tipus armilla”.

La Defensora del Poble indica en el seu escrit que a les imatges dels fets que va denunciar l’esmentat Movemento polos Dereitos Civis es veu a persones que no porten cap peça que les identifiqui com periodistes i que per això se situen “en una situació de risc”.

D’aquí dedueix que en la intervenció policial en aquella manifestació “no es pot entendre que hi hagi existit una actuació policial incorrecta”, amb el que dóna per fet que l’armilla blanca és d’ús obligatori per a tots els periodistes, quan l’esmentat conveni indica clarament que és de caràcter voluntari i, a més, només es facilita als afiliats a l’associació que el va subscriure amb el ministeri.

La FeSP ha transmès la seva sorpresa i preocupació a la Defensora del Poble, perquè amb aquesta resposta assumeix que aquests periodistes poden ser reprimits en el seu treball, encara que no hagin comès una falta o delicte, simplement per anar a informar d’una manifestació i no portar un peto blanc que no és obligatori legalment.

La FeSP ha demanat a la Defensora del Poble que rectifiqui la seva resposta, perquè no s’ajusta a la legalitat, i continuï tramitant la queixa que va plantejar el Movemento polos Dereitos Civis.

El text de la carta:
En la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) hemos tenido conocimiento de la respuesta dada por la institución que usted representa a la portavoz del Movemento Polos Dereitos Civis, con el número de expediente 14006881 y fecha de salida 23 de octubre de 2014. En ese escrito se incluyen algunas afirmaciones inexactas, lo que lleva al Defensor del Pueblo a redactar una contestación que, en algunos párrafos, consideramos atentatoria contra la libertad de expresión y principios elementales de los Derechos Humanos.

Esa respuesta -firmada por su adjunta segunda, doña Concepció Ferrer i Casals- se sustenta en la contestación dada a su consulta por la Dirección General de la Policía que, en su parte esencial, no se ajusta a la realidad de la situación legal en esta materia.

El convenio de colaboración al que hace referencia la Dirección General de la Policía, firmado en marzo de 2011 entre el Ministerio del Interior y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), no obliga a los periodistas o fotoperiodistas a utilizar el chaleco que se menciona para identificarse. En su artículo primero especifica que los informadores “podrán, de forma voluntaria, portar un distintivo tipo chaleco”.

Además, la entidad firmante de ese convenio no es la “representante de este sector”, como se afirma en su respuesta. Esa organización solo representa a sus asociados, que son los únicos que pueden obtener el chaleco, una prenda que no facilita a los profesionales no asociados a ella. Es una de las diversas organizaciones profesionales y sindicales que existen en el sector periodístico español y buena parte de la profesión periodística no pertenece a ninguna de ellas. No existe una organización única que ostente la representación de todos los periodistas y fotoperiodistas.

Consideramos muy grave que, en su respuesta, la institución del Defensor del Pueblo no haya tenido en cuenta las sentencias judiciales que reconocen el pleno derecho de cualquier ciudadano a fotografiar o grabar imágenes de actos públicos y difundirlas, incluyendo las actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado o de las comunidades autónomas.

Consideramos que atenta contra derechos de la ciudadanía garantizados en la Constitución española el párrafo de la mencionada respuesta en el que el Defensor del Pueblo indica: “Contrariamente a esa recomendación, en las imágenes se puede observar a determinadas personas que en el momento de producirse la intervención policial no portan prenda alguna alusiva a su condición de informador. El incumplimiento de este tipo de recomendaciones por los propios profesionales implicados les coloca en una situación de riesgo en este tipo de situaciones, por lo que no cabe entender que haya existido una actuación policial incorrecta si no se adoptan las medidas pertinentes acordadas mediante el citado Convenio…”

De esas afirmaciones se desprende que, aunque esos informadores no hayan cometido una falta o delito, pueden ser reprimidos en el desarrollo de su labor profesional por no utilizar una prenda de identificación que legalmente no están obligados a llevar.

Desde la FeSP nos permitimos recordar a la institución del Defensor del Pueblo el informe elaborado por la Representante sobre Libertad de Medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatovic, referido a los hechos ocurridos el 29 de marzo de 2014 en Madrid, que es suficientemente ilustrativo respecto de la acción policial.

Por todo lo anterior, la Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) solicita a la Defensora del Pueblo la rectificación urgente de la respuesta dada en el expediente citado y que continúe la tramitación de la queja interpuesta por el Movemento Polos Dereitos Civis, porque consideramos que es de justicia y acorde con su obligación de “defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.”

Firma la carta Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

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