El 23 de mayo 2005 el Consejo Provisional de Informativos (CPI) denunciaba que el acuerdo entre RTVE y la Generalitat valenciana institucionalizaba la manipulación. Consideramos entonces que algunas de sus cláusulas (como la que creaba una ponencia mixta de evaluación de los contenidos) suponían confundir la información con la propaganda.
Lamentablemente, aquellos acuerdos no han dejado de tener consecuencias. La Generalitat exige ahora a TVE que rectifique un reportaje de Informe Semanal sobre el urbanismo en la Comunidad Valenciana. Y lo hace esgrimiendo la amenaza de romper el acuerdo entre ambas entidades, esto es, en términos prácticos, desahuciar al centro territorial, ubicado en unas instalaciones propiedad de la Generalitat. Nos parece intolerable que la información vuelva a considerarse moneda de cambio.
El reportaje de Informe Semanal refleja un tema polémico y lejos de enaltecer o denigrar a los valencianos muestra las opiniones de algunos afectados por esos planes, de promotores, alcaldes, catedráticos y del propio consejero de Urbanismo, que tiene una intervención destacada y defiende muy claramente las modificaciones legislativas promovidas por el gobierno del que forma parte. Ningún programa informativo está para dar ni buena ni mala imagen de ninguna institución, por eso parece desafortunado pedir una rectificación en forma de nuevo reportaje que desagravie y restituya la buena imagen.
El reportaje nos parece equilibrado y adecuado para una televisión pública. Cualquier persona o institución está en su derecho a criticar nuestras informaciones, pero hacerlo desde la amenaza de graves consecuencias institucionales es una forma de censura. Pedimos a la dirección general de RTVE que reconsidere el acuerdo con la Generalitat para que la colaboración entre ambas instituciones no se traduzca en ninguna forma de dirigismo o censura informativa.
Torrespaña, 17 de enero de 2006
