La historia de éxito de la CCMA y sus medios públicos como herramienta de cohesión social, normalización del catalán y motor de la industria audiovisual, está en peligro por una reforma de la ley propuesta por el gobierno.

Una reforma que ya no responderá a los objetivos iniciales y que saldrá adelante con el apoyo del PPC, que votó contra el actual. La crisis parece la excusa perfecta para deshacer el largo camino de 29 años que se cumplen este 2012.

Un recorrido que también ha tenido imperfecciones y errores, pero en el que se ha trabajado siempre con profesionalidad, rigor, y voluntad de independencia y de pluralidad. Y que ha conseguido unos niveles de servicio público de calidad envidiados por muchas otras televisiones del resto de España y de Europa.

Aunque el país siempre ha mirado hacia Europa y el deseo de los profesionales ha sido siempre mirarnos en la BBC del Reino Unido, la inmadurez democrática reinante ha querido someter los medios públicos a un control político y gubernamental muy por encima de lo que es norma en el resto de países europeos avanzados.

Con esta reforma, el consenso, la pluralidad y los avances democráticos conseguidos con la ley aún vigente están a punto de desaparecer, y esto, el país y sus ciudadanos no nos lo podemos permitir.

Cuando paradójicamente tenemos el Parlament más plural de nuestra historia, se eliminará de la ley el consenso a que obliga la toma de decisiones por 2/3, y se reducirá la pluralidad en el Consejo de Gobierno de la CCMA.

Todo ello en un contexto donde la ciudadanía pide más participación democrática y, a diferencia de los otros países europeos, aquí es el Parlament, a propuesta sólo de los partidos políticos, el que nombra a los consejeros de la CCMA. Sin participación de la sociedad civil, ni del mundo académico y profesional.

La gubernamentalización o partidización de los medios públicos audiovisuales no tiene lugar en los países avanzados, donde el derecho a la información y la libertad e independencia comunicativa son esencia de la democracia. En todo estado de derecho la separación de poderes es esencial, y por lo tanto, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el comunicativo deben ser independientes y no ser correas de transmisión uno del otro. El Parlament representa al pueblo, y debe escucharlo: por eso es un agravio a la democracia que la reforma obtenga luz verde cuando los decanos de las Facultades, los Colegios de periodistas y del audiovisual, los Comités de empresa y profesionales y los sindicatos han manifestado claramente a los grupos parlamentarios que no la aceptan porque significa un retorno al control gubernamental de unos medios que son de todos.

TV3, Catalunya Ràdio, el 324.cat deben ser servicios públicos de calidad, plurales e independientes

Sant Joan Despí, 30 de enero de 2012