El Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), lamenta profundamente el pacto entre CiU y PP que ha expresado hoy en la ponencia para la reforma de la Ley de la CCMA, que representa tal y como habíamos denunciado un retorno a la gubernamentalización del CAC y de la CCMA, y una amenaza gravísima a la viabilidad de Catalunya Ràdio, porque se introduce en la ley la posibilidad de la desaparición de los ingresos vía publicidad, en clara contradicción con la tradición y con la legislación audiovisual, que contempla la financiación mixta como vía para hacer posibles y competitivos los medios de la Corporación.
También lamentamos que no se hayan atendido la mayoría de propuestas hechas desde instancias laborales, profesionales, colegiales y académicas, que defendían el mantenimiento de mayorías cualificadas, como las de la ley vigente, para los nombramientos al Consejo de Gobierno de la CCMA y para la toma de decisiones de este órgano. Como tampoco las referidas a medidas alternativas de austeridad o de transparencia en las contrataciones y los sueldos de los directivos.
Estos retrocesos no se justifican por la ampliación a uno más de los miembros del Consejo de Gobierno propuestos ni por la cesión de una vicepresidencia simbólica al primer partido de la oposición. Ni tampoco el mantenimiento, absolutamente obvio, de la representación de los trabajadores en el Consejo Asesor, o por la elección de sus miembros por mayoría cualificada.
Se ha confirmado que la composición del Consejo de Gobierno se reduce a un reparto por cuotas políticas, aunque ahora sólo de los grupos mayoritarios, y que no se considera necesaria la independencia de los medios públicos, que pertenecen a la sociedad y no a los grupos parlamentarios.
Por todo ello, el SPC rechaza esta fontanería partidista y reclama del Parlamento que en la votación del próximo pleno no entierre los esfuerzos de una década de reformas progresivas para acercarnos a la independencia de los medios de la Corporación.
Por otra parte, apelamos a los profesionales de los medios de la Corporación a estar atentos a las consecuencias de estos cambios regresivos, utilizando los mecanismos democráticos de que disponen, para evitar el retorno a la injerencia directa del poder político en los contenidos informativos y en la programación, y también en el volumen y la capacidad productiva de sus medios.
Barcelona, 1 de febrero de 2012