Las últimas medidas dictadas por el Consejo de Gobierno de la CCMA acabando de raíz con productoras y corresponsales de informativos rompen con la tradición de TV3 y con los principios de la CCMA respecto a la proyección del conjunto del territorio y de la información de proximidad.

Estas decisiones, ejecutadas sin consultar con la representación de los trabajadores, y sin ninguna consideración a la opinión del Consejo profesional o del Consejo de redacción, dañan gravemente la oferta informativa de TV3, que por ley debe responder al pluralismo territorial como parte de la cohesión social y cultural.

No se entiende que un Gobierno que abandera la reivindicación de una Cataluña soberana, dotada con estructuras de estado, debilite una herramienta de vertebración de la sociedad catalana, y tome medidas que responderían mejor al pacto entre CiU y el PP, promotor de la contrarreforma de la Ley de la CCMA haciéndola más gubernamental, que a la nueva situación política surgida tras las elecciones del 25-N.

Pero además los argumentos de ahorro económico aducidos por la dirección de la CCMA no se sostienen. Ni la cantidad argumentada como ahorro ni otra que fuera más grande justificarían el sacrificio de uno de los mandatos de servicio público a que está obligada TV3, como es la pérdida de implantación y de proyección de territorios catalanes o de habla catalana donde no hay trabajadores de plantilla. Y en donde no sólo no será fácil llegar desde Sant Joan Despí o desde las delegaciones de Girona, Lleida y Tarragona, sino desde donde no se puede ofrecer buena información sino se está arraigado.

Junto a ello, la dirección de TV3 tiene presupuestado un ambicioso proyecto de cambio en los platós de informativos, con nuevos decorados y con tecnología digital, que en la primera fase evalúa en un millón de euros, y en las siguientes en cerca de seis.

Ante este agravio comparativo, no cabe otra posición sensata que reclamar la paralización inmediata de estos trabajos, totalmente secundarios respecto de la gravedad de amputar la aportación territorial desde Tierras del Ebro, Perpiñán, Pirineos y Andorra.

Y, de manera inmediata, derogar inmediatamente la rescisión de servicios a las productoras y corresponsales de estos territorios. Defenderlos es defendernos, porque acabando con los contratos temporales y mercantiles se eliminan obstáculos legales para una reducción de plantilla, nunca desmentida por la dirección de la CCMA.

También pedimos la intervención del CAC ante esta medida que afecta de lleno al modelo de televisión pública catalana que deriva de la Ley de la CCMA.

Sant Joan Despí, 5 de marzo de 2013