Esta entrevista, realizada por el periodista Borja Ventura, ha sido publicada por Periodistadigital.com el pasado 24 de octubre.

«En principio y sobre todo, existe una conciencia del problema del sector periodístico». Son palabras de Dardo Gómez, bonaerense de 68 años que preside el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y forma parte de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Con ellas se refiere al editorial del pasado fin de semana de El País, en el que se critica abiertamente el proyecto del Estatuto del Periodista Profesional presentado por Izquierda Unida y apoyado por Gómez. «Lo critican, pero el análisis que hace de la situación del sector periodístico español es correcto: existe manipulación y existe precariedad tanto laboral como salarial».

Muchos políticos rechazan el proyecto y no sólo del Partido Popular, que rechaza el proyecto, sino también del PSOE. Entre los socialistas, pese a tener el Estatuto del Periodista como una de sus promesas electorales, hay voces discrepantes como la de Ramón Jáuregui que han calificado el texto de «malo». No obstante, en opinión de Gómez, las críticas de los medios no son reales, sino que se hacen impulsadas por la presión de las empresas de comunicación. «Los medios piensan que la información es de ellos, no la consideran un servicio; pero los dueños no son tampoco los periodistas, sino los ciudadanos, como en el caso de la educación o la sanidad, la información es un derecho, y no pertenece a maestros o doctores, sino a los ciudadanos».

Del mismo modo, Gómez se manifiesta sorprendido por las opiniones vertidas por los medios: «llegar a decir que no son los parlamentarios, que ellos llaman políticos, quienes deben legislar sobre prensa. ¿y quién debe hacerlo? ¿quién debe legislar si no son los políticos democráticamente elegidos por los ciudadanos?». Gómez considera esa línea, según él, mantenida en los medios como «el non-plus en ataques a la democracia».

El presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya mantiene que uno de los puntos de los que no se está hablando es el anexo al proyecto. En él se pide el justo tratamiento y remuneración de los «periodistas a pieza» y de los estudiantes en prácticas. Según afirma, «las grandes empresas rechazan tan duramente el texto porque en muchos casos, el 60% de su plantilla está contratada en precario, pese a que la ley no lo acepta». Y se cuestiona «¿tan endebles son las empresas de medios españolas que no pueden permitirse cumplir la ley pagando lo que se debe a sus trabajadores?».