La organización ecologista Greenpeace, en un comunicado hecho público el pasado 6 de mayo, ha denunciado las presiones recibidas por Televisión Española (TVE) para evitar la emisión de un programa que denunciaba el grave estado de contaminación que vive la Bahía de Algeciras. La entidad acusa a la empresa CEPSA de haber instado a los directivos de la cadena pública a suspender este documental.

La emisión del reportaje titulado Algo huele mal del programa Repor estaba prevista para la noche del pasado lunes 3 de mayo, sin embargo, y sin avisar previamente a los espectadores, su emisión fue suspendida y sustituida por otro reportaje más antiguo.

Según manifiesta Greenpeace, la suspensión se produjo después de que la Dirección de Informativos de la televisión pública recibiera una llamada por parte de CEPSA en la que la compañía «se ofrecía a ayudar para mejorar la información facilitando entrevistas con miembros de la empresa», que tiene una refinería en la zona. Aunque, en el reportaje ya se recogía el punto de vista de una organización que representa a la multinacional del sector petrolero.

Este hecho, dice la ONG, se relaciona con la iniciativa que diferentes entidades del Campo de Gibraltar (con el beneplácito de la Junta de Andalucía) pusieron en marcha hace meses para mejorar la imagen de la comarca, que reconocía el problema de la contaminación y que no recogía ninguna propuesta para remediarla, pero que sin embargo sí incluía medidas como: «invitar [a medios de comunicación] a reflexionar sobre la difusión de reportajes realizados por productoras externas, cuyo objetivo es aumentar la audiencia al amparo de noticias alarmantes» o invitar a periodistas a conocer «las excelencias de la comarca», y «solicitar el compromiso [de los ecologistas locales] para evitar que responsables foráneos de las organizaciones ecologistas hagan declaraciones sobre la comarca».

Sara del Río, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace, «lamenta que se llegue a estos extremos y se intente manipular la realidad cueste lo que cueste». La portavoz ecologista añade que la ciudadanía «tiene derecho a recibir información veraz y conocer qué es lo que está pasando en la zona.»