Los acontecimientos y pronunciamentos de las últimas semanas acerca de los nombramientos de cargos para la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), que han provocado tantos titulares, no hubieran sido tan agitados si ya estuviera vigente una nueva Ley de la Corporació que marcara las reglas de juego, exigiendo el consenso parlamentario o una mayoría cualificada para proceder, de manera directa o indirecta, a la elección de la dirección general de la CCRTV. Como no ha sido así, y además estamos en vísperas de unas elecciones generales, ha sido inevitable que las formaciones políticas actuaran de acuerdo con sus intereses, o al menos, para evitar que el contrario se aproveche de la situación. Nada nuevo bajo el sol: pocos creen ya en actuaciones desprendidas y fuera del cálculo partidista; sería como reclamar que no actuara la ley de la gravedad. Por esto precisamente el SPC reclama una nueva ley para la CCRTV y la ley general del Audiovisual, para llegar a un acuerdo parlamentario que garantice la actuación independiente de los directivos de los medios públicos de comunicación.

El Sindicato quiere diferenciar entre “actuación independiente”, e “independencia orgánica” o “indefinición política”, porqué tantos años de supeditación a criterios gubernamentales, y más en general, partidistas, han llegado a provocar confusión entre los dos conceptos; tantos años de sometimiento a la politización de los medios públicos y a las injerencias extraprofesionales, han creado como reacción una actitud de rechazo frontal a la propia política, de manera que la opinión política o ideológica de un periodista se convertiría en un obstáculo para su profesionalidad y capacidad de actuación independiente e imparcial. El SPC cree que ni tanto, ni tan poco. Si fuera así, no podrían tener opinión ni adscripción política ni los miembros del CAC, de quienes no se hace precisamente un balance negativo en lo que se refiere a su autonomía y profesionalidad, por no hablar que se trataría de una exigencia anticonstitucional, y de que la experiencia demuestra sobradamente que puede ser más sectario y comisario periodístico un supuesto independiente (de manera que caería en la categoría de mercenario), que muchos cargos con opción política personal.

Mientras llega la nueva ley, que reclamamos a todas las fuerzas políticas para terminar con las habituales disputas -ahora con los protagonistas cambiados- la primera prueba será la elección de los miembros del nuevo consejo de administración. Como se sigue atado a la antigua ley, parece que la elección se hará por los criterios tradicionales. Pero, en primer lugar, incluso la letra de la antigua ley no se cumple –textualmente especifica que el consejo de administración se compone de 12 miembros, elegidos por el Parlament mediante mayoría de dos tercios, entre personas de relevantes méritos profesionales– y, en segundo término, ya que los partidos del Gobierno han prometido cambios en los criterios de elección (de forma que no se correspondan con puras cuotas políticas) y que los de la oposición parece que ahora reclaman lo mismo que durante años han negado, por favor, que se pongan de acuerdo y nombren un consejo de administración que responda a su nombre y sea el encargado de dirigir, conjuntamente con la dirección general, las empresas de la Corporació.

El SPC reitera que no nos valen ni los jefes de prensa ni los secretarios de organización, ni gente no preparada en su ámbito de competencia, ni figuras que respondan sólo a la cuota política. En los próximos nombramientos para el consejo de administración tendremos la primera pista de la voluntad de los partidos de avanzar hacia la independencia de los medios que -como indica su nombre– deben ser públicos y de todos.

Etiquetas: ,