La Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia presentada por los familiares de José Couso, muerto a tiros por los militares norteamericanos en la guerra de Irak, ahora se cumplen tres años. El colectivo de familiares, amigos y compañeros del cámara de Tele 5 muerto en el Hotel Palestine de Bagdad junto con el periodista ucraniano Taras Protsyuk, que trabajaba en la agencia Reuters ha desarrollado una larga acción para dilucidar las responsabilidades de este ataque. Han mostrado un coraje digno de elogio por exigir las responsabilidades por estos hechos y, coincidiendo con este tercer aniversario, han vuelto a convocar actos de protesta.
Pero más allá de estos hechos puntuales, la situación actual de los periodistas en España es exactamente la misma que la que había cuando el fatal suceso acabó con la vida del compañero Couso. Sigue habiendo una total desregulación y ausencia de protección de sus derechos fundamentales como trabajadores e incluso como personas cuando se atienden, por motivos profesionales, escenarios peligrosos. El Estatuto del Corresponsal en Zonas de Conflicto, aprobado en el Encuentro de Periodistas del Mediterráneo celebrado el año pasado en Almería, plantea la exigencia de un conjunto de medidas para proteger el trabajo de los trabajadores de la información que desarrollan su tarea profesional en estas circunstancias. En las conclusiones de este encuentro se insta que este estatuto «sea asumido por los gobiernos y sirva de modelo en negociaciones con los editores».
Es por esto que desde la FeSP se exige que las instituciones arbitren sistemas para evitar que sucedan nuevos casos Couso y que si, dada la naturaleza de estas situaciones, se produjeran tragedias similares, esto no obligara los familiares de las víctimas a verse forzados a iniciar penosos y costosos procedimientos para ver reconocidos sus derechos y para determinar las responsabilidades que se deriven. Es evidente que la muerte de Couso tiene unos culpables claros: los militares norteamericanos que dispararon contra el hotel que alojaba los periodistas a sabiendas de que en este establecimiento estaba toda la prensa internacional. También parece evidente, salvo que se produzca un cambio inesperado, que no piensan pagar por esto. Una manera de evitar injusticias de este tipo es que los editores acepten negociar, como ya lo ha hecho alguno de ellos, el citado Estatuto del Corresponsal en Zonas de Conflicto y lo incorporen en los convenios colectivos de sus empresas. Asimismo, la FeSP emplaza a los editores para que lo incorporen a los convenios existentes y a los que se negocien de nuevo, en los distintos sectores de la comunicación.