Como hace cuatro años, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha mantenido entrevistas con representantes de las cinco principales candidaturas que se presentan a las elecciones al Parlamento de Catalunya. Como entonces, en la agenda había el reclamo de un cambio urgente en la legislación que regula los órganos rectores de estos medios y los métodos de elección, es decir, su vinculación con el poder político. Cambio pendiente desde el debate sobre el Audiovisual de diciembre de 1999, las resoluciones del cual no se cumplieron en lo que se refiere a la reforma de la Ley de la CCRTV y de la elaboración de una Ley general del Audiovisual. Esta vez también hemos incorporado la información y la petición de compromiso en relación al proyecto de Estatuto del Periodista Profesional (que debe regular los derechos y deberes de los profesionales de la información), que se trata en el Congreso de Diputados, porqué afecta derechos fundamentales y reclama una ley orgánica; a la Ley de Derechos Laborales de los periodistas (que pretende garantizar unos mínimos de estabilidad y de sueldo, especialmente para los informadores “a la pieza”, también llamados “colaboradores”, pero que lo son a la fuerza); y también a las propuestas de regulación de la estancia de los “estudiantes en prácticas” en las empresas, que a menudo ocupan indebidamente puestos de trabajo estructurales.

A causa de la apretada campaña electoral, y aunque no hemos podido reunirnos con los cabeza de lista (el PP no respondió a la petición de entrevista), hemos confirmado lo que por otras vías (pronunciamientos públicos, respuestas a preguntas o cuestionarios) ya se iba perfilando: que sólo tres candidaturas defienden en sus programas electorales una reforma de la gestión de los medios públicos en la línea de la democratización, la independencia y la profesionalidad. Se trata de las del PSC-CpC, ERC y ICV-EUiA. Las otras dos, abierta o implícitamente, continuan defendiendo el modelo vigente actualmente, que potesta a los gobiernos respectivos para nombrar los directores generales de los entes o corporaciones, que limita las competencias de los Consejos de Administración y que ni se plantea la posibilidad de mecanismos de presencia social en los órganos de gestión y control.

Así y todo, hemos encontrado a faltar en casi todas las formaciones políticas un mayor énfasis en este cambio que es básico para garantizar el derecho ciudadano a la información, y que es una pieza clave en la consolidación de una sociedad democrática. Y nos tememos que los intereses partidistas a corto plazo pesen demasiado aún incluso en el caso que las formaciones que quieren cambiar los medios públicos formen gobierno.

Por esto, reiteramos nuestra petición que se aborde de manera inmediata, después de las elecciones, la democratización de los medios públicos, poniéndolos al servicio de toda la sociedad, y emplazamos los partidos a que se comprometan a reformar la Ley de la CCRTV, para que sirva de modelo al resto de medios públicos, y permita elaborar una Ley general del Audiovisual que ordene el sector en Catalunya, acabando con la duplicidad de ofertas y con la utilización por parte de cada administración de los medios públicos que controla.

Barcelona, 10 de novembre de 2003

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