En estos momentos ya está en fase de discusión parlamentaria en el Congreso de los Diputados el proyectoe de Estatuto del Periodista Profesional (EPP), que deberá conllevar la posterior tramitación de una Ley de Derechos Laborales de los Periodistas (LDLP). Presentado por el grupo parlamentario de Izquierda Verde, ambos textos fueron elaborados por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), organismo unitario de la profesión, integrado por las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT, de ámbito estatal, los Colegios de Periodistas de Catalunya y de Galicia, y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), de la que forma parte el SPC.

Por este motivo, hay que animar a los legisladores para que regulen por fin la profesió periodística mediante estos proyectos, la única garantía para que sea reconocido de manera efectiva el derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural. El EPP y la Ley laboral son también la única garantía para que los profesionales de la información disfruten de las condiciones indispensables para poder garantizar este derecho a la información.

Y esto porque el derecho fundamental de la ciudadanía a la información no puede ser regulado por acuerdos entre periodistas y empresas, que no son los propietarios de la información, sino mediadores de este bien ciudadano. Sobre todo porque las empresas son demasiado susceptibles de ser influidas por las presiones económicas y políticas. El EPP no es un privilegio corporativo ni atenta contra las libertades de prensa, de expresión ni de información, sino que, al contrario, impide que sean vulneradas. Todos los estatutos de periodistas vigentes en Europa –especialmente en los países de nuestro entorno democrático, como Francia, Portugal o Italia– cuentan con una autoridad reguladora legalmente constituida, y el propio Consejo de Europa recomienda los estatutos de redacción como garantía de pluralidad informativa y de independencia profesional de los periodistas. Y es por esto que el EPP prevé una autoridad reguladora independiente, un ente que ponga fin a la selva en que se ha convertido el sector de la comunicación. El EPP obliga a todos los medios a disponer de un Estatuto de Redacción y forzará en un plazo más o menos breve a aprobar una Ley de Derechos Laborales de los Periodistas.

El SPC, que representa a los profesionales de la información que cada día sufren la precariedad laboral que tanto perjudica al derecho a la información de la ciudadanía, espera que el Gobierno y los partidos no se confundan ahora con las declaraciones interesadas que desde los ámbitos más próximos a las cúpulas empresariales y directivas de los medios de comunicación se están haciendo para rebajar un proyecto largamente defendido y reivindicado por las organizaciones más representativas de la profesión. Desvirtuar el proceso parlamentario o disminuir el alcance de la ley sólo favorece a aquellos que quieren mantener la precariedad laboral y sus beneficios y aquellos que defienden la potesdad total de la empresa sobre los contenidos informativos, negándose a la implantación de Estatutos de Redacción. Estos elementos son los que asustan a las empresas y a los sectores más ultraliberales de la profesión y no un supuesto ataque a la libertad de prensa o de expresión, que sólo existe en su imaginario interesado y nada respetuoso con los derechos civiles más elementales.

Por esto es importante que desde las empresas, los auténticos representantes de los trabajadores y de la profesión hagamos llegar a los diputados nuestro reclamo de urgente sanción de la Ley respetando su espíritu. Por esto pedimos que instéis a todos los miembros de la comisión parlamentaria que tramita el Estatuto del Periodista Profesional para que se den cuenta de que la regulación de la profesión en beneficio del derecho a la información de la ciudadanía y de la dignificación de la tarea del periodista es una reivindicación que comparten el conjunto de los trabajadores de la comunicación.

Estamos ante una oportunidad histórica, no la desaprovechemos