Varios partidos han manifestado en los últimos días que son favorables a amplios consensos parlamentarios en cuestiones de país, entre los que hay los medios públicos de la CCMA. La nueva ley de la Corporación, aprobada en octubre de 2019 y sin aplicar todavía por cálculos políticos partidistas, fue aprobada por unanimidad y con relación al tema clave de la gobernanza, dejando para más adelante la definición del nuevo modelo de acuerdo con los importantes cambios tecnológicos y de consumo que afectan al audiovisual público.

Pero a estas alturas, la CCMA continúa con un Consejo de gobierno agotado y caducado de cuatro miembros, y las Comisiones de control siguen reproduciendo el esquema de una oposición que critica la gestión y los contenidos, y unos grupos del gobierno que la defienden, en sintonía con los directivos que colocaron. De aquí se desprende que:

1.– Hace falta la renovación urgente del Consejo de la Corporación, y de los directores de los medios que se deben elegir por concurso público, así como otros cargos derivados del reparto en cremallera como producto del anterior pacto de gobierno entre los grupos que lo formaban.

2.– La mayoría cualificada de 2/3 a la que se ha vuelto en la Ley es un consenso mínimo, que no autoriza a obviar consensos más amplios, como se proclama en la retórica pública de varios partidos. Estos consensos más amplios aportarían más pluralidad y apoyo social y político a unos medios que lo necesitan para ser realmente públicos.

3.– Esto requiere alejar completamente los criterios contrarios a la Ley de un reparto de puestos en el Consejo en función de la representación parlamentaria, o peor aún, de los grupos más importantes. Entre otras cosas porque esto lleva a asumir la idea que quién tiene que tener representación mayoritaria en el Consejo son los partidos del gobierno, algo que perpetuaría la concepción de unos medios públicos dependientes de la mayoría gubernamental.

4.– La Ley reclama proponer para el Consejo, previa consulta a las entidades significativas del sector, personas con méritos profesionales relevantes, que presenten un proyecto de gestión, y con garantías de independencia y no sometimiento a la orientación de ningún partido.

5.– Por eso apelamos solemnemente al Parlament para que aplique la Ley que aprobó y nombre un nuevo Consejo de gobierno con los criterios que exige. Que no pueden pasar porque unos grupos voten los candidatos de otro, aunque no cumplan los requisitos, a cambio que otros voten los propios, en un mercadeo que ignore los perfiles necesarios para una buena gobernanza, que pueden plasmarse en candidaturas transversales y en el aval a un equipo coherente para el proyecto y la gestión de la Corporación.