Las organizaciones abajo firmantes quieren denunciar la proliferación creciente de intentos para imponer contratos ilegales a los compañeros y compañeras de la profesión periodística que se encuentran en las situaciones más precarias.
Estos intentos vulneran las normativas laborales más elementales, con un evidente desequilibrio entre obligaciones y contraprestaciones, base de toda relación contractual. Ejemplos al uso serían: la propuesta que el trabajador se debe hacer cargo del finiquito de la parte patronal de la Seguridad Social tras recibir su salario; los horarios abusivos; los salarios de miseria; un contrato prorrogable mes a mes, y de otras barbaridades similares, tales como un precio distinto por fotografía, cuando el sujeto a contratar es un hombre o una mujer, en detrimento discriminatorio para las compañeras.
Estos intentos pretenden, a la vez, vulnerar las garantías recogidas a la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI), citando explícitamente aquellos artículos de la Ley a los cuales el trabajador tendría que renunciar. Hecho doblemente grave, porque demuestra que el redactor del contrato conoce las obligaciones que impone irrenunciablemente la ley.
Por último, algunos de estos intentos pretenden vulnerar, igualmente, la ley de libertad sindical, y a la misma Constitución, haciendo explícita la renuncia del trabajador a cualquier representación en este sentido.
Lo más grave de esta escalada agresiva es que se está produciendo en grandes grupos editoriales y de comunicación y no en espacios marginales o periféricos del sector.
Es, pues, de temer que el ejemplo, lejos de remitir o desaparecer como un anacronismo residual de las prácticas de las empresas, pretenda extenderse como un signo de los tiempos.
Lejos de esta perspectiva, instamos a las empresas a someterse a las riendas de la legalidad estricta, ya suficientemente permisiva, demasiado a menudo.
Los afectados, a pesar de que hayan firmado contratos de esta naturaleza, no están obligados a someterse a lo que la ley protege, y es preciso animarlos a renunciar a contratos degradantes que hipotecan el futuro y la propia dignidad profesionales.
Si se diesen a conocer públicamente la textualidad de estas modalidades contractuales y los nombres de las empresas que las proponen, más de un grupo empresarial enrojecería de vergüenza ante la opinión pública a la que pretende servir con sus productos.
Si se mantuviese la situación actual y el grado de amenazas para que se acepten condiciones laborales tan irresponsables, habría que pasar de las declaraciones a la denuncia sistemática ante las instancias correspondientes, para restituir aquello que la ley garantiza.
Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
Sindicat de Periodistes (SPC)
Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC)
Barcelona, 19 de mayo de 1999

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