Pasado un año y medio desde el cambio, las dos principales empresas de la CCRTV viven procesos de renovación de los convenios colectivos, y en movilizaciones pasadas y futuras, en Catalunya Ràdio y en TV3. Cumpliendo las previsiones que decían que un cambio político quizás no implicaría unas mejoras sociales, los trabajadores se han encontrado con las posiciones y plataformas empresariales de siempre, pero empeoradas, y decididas, en el caso de TV3, a recortar a fondo un convenio que si bien es un referente para otros comités de empresa, en cambio, es vilipendiado entre los distintos responsables de Recursos Humanos. Es el objetivo a tumbar, por excesivamente ventajoso para los trabajadores y “poco competitivo”, en comparación con la desregulación salvaje del sector audiovisual, claro.

La decepción de los trabajadores de Catalunya Ràdio por la negativa dogmática a iniciar el camino de la equiparación salarial con TV3, y la percepción de que se quieren atacar los derechos conseguidos en años de movilizaciones y unidad de la plantilla, constituyen un foco de conflictividad potencial, que ya se ha manifestado en la primera tanda de huelgas parciales en Catalunya Ràdio, seguidas masivamente por una plantilla cohesionada, y puede hacerlo pronto con la convocatoria de huelga en TV3, con motivo de las condiciones laborales y profesionales en el canal 3/24. Protesta que se puede generalizar si se confirman las propuestas desreguladoras del convenio presentadas por la dirección, avaladas por parte del consejo de administración y en sintonía con una orientación empresarial liberalizadora, que desde la dirección general se quiere vender com la única posible, apelando a recientes amenazas pasadas, procedentes de sectores del nuevo Gobierno, sobre la continuidad o la reducción del volumen de las empresas de la CCRTV. Los trabajadores de Catalunya Ràdio han convocado una nueva tanda de huelgas sobre la que se puede encontrar más información en la web del SPC (www.sindicat.org).

Lo peor sería que esto se quisiera revestir ideológicamente con un discurso que pretendiera presentar a los trabajadores de la Corporació como privilegiados (como están oyéndoselo decir por parte de sus jefes de Recursos Humanos, que, por cierto, son los mismos de antes) y apelar a algún supuesto criterio social o a una firmeza en aplicar el rigor, hecho que contrastaría con una supuesta debilidad de anteriores direcciones y administraciones. Fuera o no esto cierto, no debe menospreciarse un factor que los sindicatos debemos recordar siempre a empresarios y directivos: el factor humano, que no se siente de ninguna manera privilegiado, y menos si lo relacionamos con la productividad o con el incremento del coste de la vida en Catalunya. Defender el poder adquisitivo, que ahora y aquí quiere decir, como mínimo, reclamar el IPC catalán, es una medida de autodefensa mínima que los trabajadores no piensan abandonar, de la misma manera que no se dejarán quitar derechos que garantizan una mejor calidad de vida. Y en lo que se refiere a las campañas demagógicas externas sobre su estatus, sólo debe señalarse que renunciar a luchar por sus derechos no ayudaría nada a la mejora de otros colectivos o trabajadores, todo lo contrario.

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