El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) lamenta profundamente que el texto difundido como borrador para el nuevo Estatuto de Catalunya no incluya ninguna referencia al derecho de la ciudadanía a la información. Durante el período de redacción, se pidió a entidades sociales y a la ciudadanía en general propuestas sobre los contenidos del nuevo Estatuto. El SPC participó de este proceso y entregó a distintos interlocutores políticos e institucionales sus aportaciones para que la nueva ley incorporara referencias al derecho a la información de la ciudadanía y como desde la Generalitat se podía legislar sobre la materia. El sindicato se siente decepcionado, porque, contrariamente a lo que se nos había dicho en distintas entrevistas, este planteamiento no se ha tenido en cuenta.
Hemos encontrado referencias a los medios públicos, al Consejo del Audiovisual y al desarrollo de la sociedad de la información pero ninguna a una cuestión que nos parece que las engloba todas. Este déficit, además, se da cuando en el Congreso de los Diputados se está discutiendo el Estatuto del Periodista Profesional, que, entre sus disposiciones, prevé un Consejo de la Información como ente de control del cumplimiento de la ley que podría tener -si se mantiene el criterio de la proposición inicial- su traducción a nivel autonómico. El SPC considera un grave olvido que el nuevo Estatuto en fase de redacción no prevea competencias de la Generalitat en la administración de este derecho fundamental, cuando, en cambio, sí que lo hace en otros, como el de la educación o la sanidad.
El sindicato pide a las fuerzas políticas con representación parlamentaria que corrijan este grave déficit e incorporen al Estatuto las prescripciones necesarias para que la Generalitat asuma competencias sobre el derecho a la información y se dote de los organismos adecuados para desarrollarlo. El SPC también quiere dejar claro que no plantea esta cuestión como un aspecto reivindicativo de carácter gremial o corporativo, sino como una muestra de su sentido de la responsabilidad social para garantizar que el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural, veraz y contrastada, tal como reconoce el artículo 20 de la Constitución española, esté plenamente garantizado.