Ante la escalada antidemocrática impulsada por el Gobierno del PP y el paralelismo entre esta política y la que promueve el Gobierno de EEUU en el mundo, con el apoyo y la sumisión incondicional del Gobierno español, La Asamblea Permanente de Intelectuales, Profesionales y Artistas de Catalunya y, conjuntamente con ella, los abajo firmantes manifiestan:

Primero. Una ofensiva mundial contra las libertades y los derechos de los pueblos y de las personas.

La situación derivada de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos ha desencadenado una amplia ofensiva a escala mundial contra la legalidad como garantía para la ciudadanía y para sus derechos individuales. Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo (y conceptos como los de la “Justicia Infinita” o “Libertad Duradera”) se propone y se aplica un “nuevo orden” que atenta contra el Estado de derecho, ya que pretende acabar con la sumisión del poder a la ley y reintroducir el poder soberano absoluto. Este “nuevo orden” conduce a una crisis abierta de la democracia dotándola de rasgos propios de los sistemas autoritarios y la sumisión de toda la población mundial al nuevo soberano.

Así, nos hemos visto enfrentados a hechos consumados como el de la “guerra preventiva” (conculcando absolutamente el derecho internacional) o al de la escandalosa situación que sufren los presos de Guantánamo, sin identificación individualizada, sin acusaciones concretas, sin derecho de defensa y sometidos a tratos inhumanos y degradantes.

En definitiva, se ha instalado el discurso por el cual la legalidad es irrelevante como control de los poderes públicos y se utiliza –además- la “represión preventiva”, que de forma arbitraria castiga antes que se produzca el delito o la agresión.

La utilización de la fuerza y la lógica de la guerra se justifican, pues, por encima de cualquier límite democrático y pretenden legitimar lo que no es más que arbitrariedades generadoras de inseguridad e injusticia.

El Gobierno español, al situarse incondicionalmente al lado del belicismo internacional de EEUU con motivo de la guerra de Irak, se ha enfrentado al sentir pacífico y sensato de la mayoría de la ciudadanía del mundo y del Estado español. No hay desarrollo democrático en un ambiente permanente de guerra. La conducta del Gobierno español resulta aún más inconcebible si se considera que la decisión ilegítima, impopular y peligrosa de participar en la guerra se hizo al margen del debate parlamentario y sin tener en cuenta las probables consecuencias negativas. Es un hecho que hoy España ha quedado aislada en el marco de la Unión Europea y es considerada como un país enemigo por la mayoría de los pueblos árabes.

Todo ello configura un marco de relaciones entre estados, pero también entre el Estado y la ciudadanía, donde todo el mundo es sospechoso y la sospecha es suficiente para la agresión y la privación de derechos. La supuesta defensa de la democracia y la incontrolada lucha antiterrorista llevan al ejercicio del terror desde el Estado, ya que nunca se puede pretender defender la democracia mediante el recorte de sus contenidos.

Segundo. España: Un proceso democrático amenazado

Las esperanzas y los progresos generados por el proceso iniciado a finales de los años 70 están en pleno proceso de eliminación a causa de la involución política provocada por el actual gobierno del PP. Estamos asistiendo a una auténtica contrarreforma de la democracia que conlleva una menor libertad y una mayor desigualdad, junto con un deterioro cada vez más importante de las instituciones y la perversión del Estado de derecho.

Observamos con inquietud como las instituciones de la democracia viven un momento de escaso prestigio. El Gobierno del PP utiliza el Congreso de los Diputados como simple cámara de registro de sus decisiones, hecho que provoca la reducción del debate político a niveles mínimos y pervierte el principio de la representación plural de la ciudadanía y el control democrático del poder ejecutivo. Al mismo tiempo, se opone a una reforma del Senado que le permitiría cumplir la función para la que fue creado: la representación del pluralismo territorial que expresan las comunidades autónomas. Todo esto implica que la sociedad perciba como escasa la utilidad o eficacia de las instituciones básicas de la democracia y, por tanto, de los partidos políticos, instrumentos principales de la representación política. A los gobernantes actuales les interesa más relacionarse con los intereses privados más poderosos, que desarrollar la potencialidad de la política democrática mediante una creciente participación ciudadana. El retroceso de la esfera pública implica la reducción del campo de acción de la ciudadanía.

La acción antidemocrática del Gobierno del PP se ha expresado recientemente mediante una ofensiva de reformas legislativas autoritarias y demagógicas que contradicen la configuración del Estado como democrático y de derecho, dado que niegan el pluralismo de nuestra sociedad y eliminan garantías individuales de las personas. Parece que el Gobierno ignora que su actividad debe someterse a la legalidad y, lejos de ello, deforma la legalidad para combatir a las otras opciones políticas

El pretexto que se utiliza para llevar a cabo estas acciones es decir que de esta manera se defiende la Constitución, pero esto es burlarse de la inteligencia de la ciudadanía. No se defiende la libertad ni se garantiza la seguridad cuando se atenta contra el ejercicio libre e igualitario de los derechos y contra el derecho a la protección ante las arbitrariedades del poder político. Es más, la política del miedo que practica de manera sistemática el Gobierno del PP es una auténtica negación de la democracia.

Tercero. Un gobierno con vocación totalitaria

Asistimos a la ocupación de todos los resortes del poder en un ejercicio totalitario que desnaturaliza el funcionamiento de la democracia. El control de las altas instancias del poder judicial, que con la gubernamentalización del Fiscal General del Estado y la depuración de la Fiscalía Anticorrupción, ha judicializado sectariamente la política y ha generado una tensión permanente en los tribunales.

La confusión entre el poder económico y el poder político ha culminado en la privatización a favor del entorno gubernamental de empresas públicas, con el consiguiente perjuicio a la ciudadanía al tratarse de servicios de interés general, y se han creado complejos empresariales poco competitivos y que al mismo tiempo son foco de corrupción.

El poder mediático también se ha gubernamentalizado: nunca como hasta ahora se había utilizado y abusado tanto de la TV ni se habían concentrado tantos medios en tan pocas manos.

La cultura que se fomenta desde las esferas del poder es revisionista respecto a nuestro pasado y sectaria en lo que se refiere a nuestro período más cercano. Se vuelve a ensalzar lo más impresentable de nuestra historia, mientras se niega el reconocimiento a aquellos que lucharon por la libertad. No se propician los valores de la democracia y, por el contrario, se entronca cada vez más con una concepción reaccionaria de España que recuerda tiempos nefastos. Cuestiones asumidas por la sociedad española, como es el carácter no confesional del Estado, vuelven a ponerse en duda al introducirse la religión en la educación obligatoria, hecho que supone un retroceso respecto a una concepción laica del Estado democrático.

Un aspecto alarmante de esta escalada antidemocrática se manifiesta especialmente en la voluntad del Ejecutivo de convertir los tribunales en “terminales” del Gobierno y en el uso abusivo del Codigo Penal con fines partidistas y autoritarios. La promulgación de la Ley de Partidos hecha a medida para ilegalizar a Batasuna, no solo se hace con menosprecio absoluto de las repercusiones que conlleva en el conflicto vasco, sino que –además- introduce el principio, aplicable a cualquier partido, en virtud del cual las actitudes políticas pueden conducir a la ilegalidad

Cuarto. La agresión a los derechos de las personas

Utilizando un mecanismo propio de los sistemas autoritarios, el Gobierno responde a algunos problemas sociales y políticos por la vía simple y rápida de incrementar la represión mediante normas que, además de inútiles, violan la Constitución. Se criminaliza la marginación social estableciendo penas desproporcionadas para la pequeña delincuencia y ampliando la prisión preventiva a los no condenados, a costa de la presunción de inocencia. No obstante, nadie va a la carcel por evasión fiscal y muy pocos van por operaciones empresariales o financieras fraudulentas. En el caso de la delincuencia grave, en cambio, se establece la cadena perpetua de facto. Esto impide utilizar medidas eficaces de reinserción social, la que resulta especialmente contraproducente en el caso del terrorismo. Además, para imponer las nuevas normas represivas, se reduce drásticamente la capacidad de los juicios de adaptar la pena a las circunstancias personales del condenado.

Por otra parte, se establecen excepciones justificadas a principios igualitarios que dejan de ser, así, principios generales que garanticen la seguridad de todos frente al poder. Éste es el caso de las nuevas restricciones que se han introducido en la Ley de Extranjería. No sólo mantienen las políticas de exclusión de los inmigrantes sino que reducen aún más sus derechos y amplían las competencias policiales. De tal manera se tiende a criminalizar todo el colectivo, considerado como un sospechoso, como sucede al generalizar la utilización del padrón municipal.

Quinto. La confrontación territorial

La política del Gobierno del PP genera una creciente confrontación entre los pueblos y las instituciones territoriales que expresan el pluralismo del Estado español. Se ha estropeado la cohesión territorial que está basada en uno de los grandes pactos en los que se fundamenta la convivencia democrática de los españoles. Desde la cúpula del Estado se estimula un conflicto irresponsable y artificial entre la ciudadanía de los territorios. No habían estado nunca tan deterioradas las relaciones entre el Gobierno del Estado y las nacionalidades históricas.

El regreso del españolismo rancio, el menosprecio de las culturas y de las lenguas no castellanas, y el uso indebido de la Constitución para oponerse a las legítimas voluntades de autogobierno han creado un clima de tensión que radicaliza las posiciones contrapuestas, y no contribuye precisamente a aislar y combatir el terrorismo.

La opción represiva como única respuesta ha culminado en la introducción de delitos políticos que criminalizan la actitud política del adversario y la consulta popular. Sin permitir la discusión en el Congreso, se han regulado los delitos de convocatoria de referéndum sin competencias y subvención pública a partidos ilegalizados, con lo que se responde al plan Ibarretxe y a la interpretación del Parlamento basco sobre la disolución del grupo parlamentario de Batasuna. El gobierno español, irresponsablemente, se plantea encarcelar de esta manera a los máximos representantes del Gobierno y del Parlamento de Euskadi, lo que hace temer una escalada represiva de consecuencias imprevisibles.

Sexto. Llamamiento final

Las políticas autoritarias del Gobierno del PP son tan irresponsables como peligrosas. Suponen un claro atentado a los valores democráticos, a la justicia social y a los derechos de la ciudadanía. Su estilo arrogante, su demagogia y los efectos escandalosos de sus acciones generan o agudizan los conflictos. Al debilitar el sistema jurídico, la convivencia ciudadana y la credibilidad de las instituciones se anulan, al mismo tiempo, los instrumentos para solucionar democráticamente los conflictos sociales.

Ante la gravísima situación planteada, la Asamblea Permanente de Intelectuales, Profesionales y Artistas de Catalunya hace un llamamiento a todos los sectores sociales y políticos a oponerse activamente a este proceso de regresión democrática:

• Llama a las organizaciones y entidades ciudadanas comprometidas con los principios democráticos a oponerse a esta ofensiva movilizando a la ciudadanía.

• Llama a los intelectuales a manifestar el pensamiento crítico contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la injusticia.

• Llama a toda la ciudadanía a ser consciente del peligro en que se encuentran sus derechos, a no dejarse confundir por el discurso que afirma que sólo se recortan los derechos del enemigo y a luchar por la democracia.

Barcelona, enero de 2004.