La resolución de la Junta Electoral Central contra los acuerdos del consejo de administración de la CCRTV, que flexibilizaban algunos criterios del sistema de bloques de información electoral cronometrados y ordenados en función de la representación parlamentaria de cada grupo, constituye el último esperpento del control político, y ahora administrativo, del derecho constitucional a la información, en teoría libre y en función de criterios profesionales, y en la práctica con una descarada intromisión de otros poderes, que debería verse si vulneran la propia Constitución.

En efecto, si la competencia de la JEC y las Juntas Provinciales es clara sobre las duraciones de los espacios gratuitos de propaganda electoral, es dudoso que pueda llegar a las formas y contenidos de los espacios informativos que, como en el resto del año (y no debe olvidarse que los decantamientos y manipulaciones en favor de uno u otro partido se hacen durante 365 días) deberían regirse por criterios periodísticos, como no puede ser de otra manera, incluso tratándose de medios de comunicación públicos. Otra cosa es que para garantizarlo deba asegurarse la independencia y la profesionalidad de los medios, reformando las leyes de manera que los gobiernos no tuvieran el control de los mismos a partir del nombramiento de los directores generales, una asignatura pendiente tanto en Catalunya como en España.

Lo que hace aún más grave este hecho es que la resolución es consecuencia de una denuncia de CiU contra el acuerdo unánime del consejo de la CCRTV, donde tenía y tiene cinco representantes designados, lo cual dice mucho de la voluntad de la federación de avanzar hacia la despolitización y despartidización de los medios públicos.

Ante la resolución de la JEC, el SPC denuncia esta nueva intromisión en la tarea de los medios y de los informadores y apela al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que en una situación de plenas competencias como defienden los partidos del Gobierno catalán y como tiene por ejxemplo en Francia el CSA, debería pronunciarse al respecto, ya que es a esa autoridad y no a instancias judiciales a quien correspondería garantizar el derecho a la información plural y representativa que tiene la ciudadanía catalana.

Por nuestra parte, damos total apoyo a las iniciativas de protesta que los comités profesionales y de empresa de los grandes medios públicos de Catalunya han impulsado para el jueves 4 de marzo.

Barcelona, 3 de marzo de 2004