En lugar de consenso y profesionalidad, reparto de cargos desde los partidos

La noticia sobre un acuerdo entre tres partidos catalanes para repartirse los cargos de la radio y la televisión de la Generalitat, no desmentida por ninguno de los grupos aludidos, viene a confirmar indicios existentes y mostrarían que la capacidad de instrumentalización de los medios públicos por partes de los grupos políticos no tiene límites.

Cuando todavía resuenan las críticas unánimes de ámbitos profesionales, sindicales, académicos y sociales por el reparto en cuotas de los puestos del Consejo de Gobierno y la propuesta de nombres mayoritariamente contaminados de partidisme, que el Parlamento aprobará esta semana, después de que el CAC descalificara el proceso aun cuando no se atrevió a pararlo, nos enteramos de un posible pacto cerrado entre tres partidos para determinar como se reparten los cargos de director de la radio y la televisión, jefes de programas, etc.

En una nueva muestra de involución, los aparatos de los partidos dejarían en evidencia sus propios grupos parlamentarios y los miembros del futuro Consejo de Gobierno, de forma que los nombres decididos en los despachos serian avalados desde el Consejo, que debía ser sobre todo independiente y profesional, y que se ha contaminado de forma partidista.

Ante lo que representaría este nuevo fraude a las expectativas de muchos años de los profesionales del sector y de los medios, y también de amplios sectores sociales, por el que tiene de agravamiento del intervencionismo partidista, que se aleja poco del control gubernamental directo del modelo anterior, los trabajadores de la Corporación y sus organismos representativos deberán reforzar la vigilancia y utilizar todas las herramientas por mantener los niveles de independencia y profesionalidad de su trabajo que les ha costado años de conseguir. Por dignidad propia, pero sobre todo por responsabilidad con su tarea de garantes de una información y una programación realmente públicas, al servicio de la sociedad y no controladas hasta límites inaceptables por parte de los partidos políticos. Que representan la soberanía popular, pero que deben cumplir los principios constitucionales y las leyes que ellos mismos aprueban.

Finalmente, recordamos que el SPC presentó el pasado 18 de enero una queja ante el Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo en Catalunya– por incumplimiento de la nueva Ley de la CCMA, para que pueda ser impugnada la composición del Consejo de Gobierno de la Corporación.

Barcelona, 20 de enero de 2008

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