Los trabajadores de La Gaceta de Canarias que ya han cumplido casi dos meses de huelga indefinida, periodo en el que no se ha editado este periódico y que ha aprovechado el empresario Fernando Peña para despedir a más de 30 empleados, se concentraron el pasado 2 de enero ante la sede del rotativo en la capital tinerfeña. Esta reunión de protesta pacífica se ha producido por diversos motivos, pero sobre todo porque este empresario, que adeuda salarios y pagos tanto a los trabajadores como a múltiples proveedores, pretende volver a editar el rotativo sin contar con profesionales de la comunicación ni ofrecer una solución a este conflicto.

Los trabajadores y la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) solicitan a las distintas administraciones públicas y todo tipo de empresas que no colaboren en este intento de atentar contra el derecho de todos los trabajadores a percibir sus salarios y a protestar mediante esta huelga por su impago. Los empleados, muchos de los cuales han sido despedidos, sin que todavía se les hayan abonado los reconocimientos de deuda firmados por el citado empresario hace casi un mes, consideran que estos organismos no deben ser cómplices de este atropello.

El propietario ha forzado al director de la edición en la provincia tinerfeña, Santiago Díaz Bravo, a tomarse un mes de vacaciones con el claro objetivo de perpetrar, con la colaboración de quien al parecer acaba de ser nombrado director regional del periódico, Pepo Báez, el intento de sacar un cuadernillo periódico que se parezca a La Gaceta de Canarias. La UPCC ha detectado que el empresario está intentado involucrar en este experimento a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de La Laguna, por lo que advertiremos de este hecho a las autoridades académicas para que eviten que los alumnos pueden acabar siendo engañados, como mano de obra barata o gratuita, en este intento de atentar contra el derecho a la huelga.

Desde el pasado 10 de noviembre, los trabajadores protagonizan una huelga indefinida cuyo principal objetivo es reclamar el pago de sus salarios, algo que a fecha de hoy sigue sin hacerse efectivo a la totalidad de la plantilla. El propietario del periódico acumula deudas con los trabajadores, proveedores, agencias e incluso con la Seguridad Social y ha solicitado que la empresa entrara en fase de concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. La irresponsabilidad del empresario ha sido constada, además, por la propia Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tenerife que ha emitido un informe en el que se señala la vulneración del derecho a la huelga por parte de la empresa.

No terminan aquí los incumplimientos, ya que también se considera injustificado el cierre patronal decretado unilateralmente por Peña durante la huelga. Este organismo público también ha confirmado otras irregularidades ejecutadas por parte de la empresa, consistentes en el abono arbitrario de los salarios, dándose la circunstancia de que unos trabajadores sí están al corriente de los pagos y otros siguen sin cobrar un euro desde agosto.

Ante toda esta situación la UPCC solicita a la Autoridad Laboral competente que actúe de inmediato, tratando de buscar una salida negociada a este conflicto, en vía muerta ante la nula voluntad de la empresa que, además, se niega a reunirse con los representantes sindicales. De lo contrario los empleados que aún permanecen en el periódico continuarán con este conflicto, aunque no descartamos que el empresario pretenda seguir conculcando sus derechos como trabajadores por lo mantendremos la máxima vigilancia al respecto.

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