Pasado el 2009, que ha provocado en el sector de la prensa numerosos Expedientes de Regulación de Empleo y reducciones de plantilla, continúan las medidas empresariales en varios medios, que buscan alternativas distintas a los despidos, basadas sobre todo en la congelación o en el recorte de los salarios de los trabajadores.

Pero los primeros en recibir el impacto en el volumen de su trabajo y en sus ingresos son la legión de colaboradores, redactores gráficos y literarios, que son básicos para la confección del producto informativo de las empresas pero que no tienen relación laboral y constituyen una verdadera plantilla encubierta, muy rentable para los medios porque se ven obligados a hacerse autónomos y no pueden consolidar nunca unos derechos que puedan reclamar.

Así, a la precariedad crónica que en el caso de los fotoperiodistas llega a categoría de escándalo (a menudo deben aportar ellos las cámaras, los objetivos, las reparaciones, los ordenadores, los móviles, y el transporte…) se añaden las rebajas en los precios por fotografía, las notificaciones repentinas de reducción de los encargos o de desaparición pura y simple de los mismos. Sin que la dedicación de años al servicio del medio se haya traducido en ningún derecho garantizado, debido a la figura de autónomo o de autónomo dependiente que no genera ninguna obligación a las empresas.

La situación es diferente a otros países con una legislación más garantista con respecto a los colaboradores a la pieza (en la mayoría de los casos falsos free-lance), en Francia, donde los colaboradores tienen garantizada la adscripción a la Seguridad Social con todos los derechos y deberes reconocidos por un régimen especial, a partir de un mínimo de trabajos para «uno o varios medios».

Por esto desde el SPC continuamos defendiendo la necesidad no sólo de un Estatuto del Periodista Profesional o de Garantía del Derecho a la Información, sino también una Ley de Derechos Laborales de los Periodistas que asegure unos mínimos dignos para la figura reconocida del colaborador estable, que no encaja en las características del trabajador autónomo o free-lance, que en teoría vende libremente su trabajo como la mayoría de los colaboradores, a la empresa periodística.

Mientras tanto, hacemos una llamada a los afectados a denunciar las situaciones que se están produciendo, que informen a los comités de empresa o a los sindicatos de las empresas que los han utilizado, y a que se organicen para llevar mejor la defensa de sus derechos, que son particulares pero que, como vemos, responden a una situación general, que debe encararse en su totalidad.

Barcelona, 23 de febrero de 2010