Radiotelevisión pública y no gubernamental para todos

Este 2005 plantea dos importantes retos, esperados durante años por los profesionales de los medios públicos de comunicación, que son la reforma del Estatuto de RTVE, que debe ponerse en marcha con el informe del consejo de sabios nombrado por Rodríguez Zapatero, y la de la ley de creación de la Corporació Catalana de Radiotelevisió (CCRTV), pendiente desde hace cinco años y que finalmente parece que se podrá abordar en el Parlament conjunta o separadamente de la nueva Ley del Audiovisual.

Estas reformas, necesarias para garantizar la independencia de los medios públicos y la profesionalidad de directivos y trabajadores, deben marcar la tan esperada equiparación de estas radiotelevisiones públicas con sus equivalentes europeos, de manera que la oportunidad única gracias a los compromisos de los partidos en el gobierno en España y en el de Catalunya se extienda como una mancha de aceite de manera que influya en el modelo de medios públicos en todas las comunidades autónomas.

Pero no parece ser esta la orientación de las radiotelevisiones en algunas comunidades, controladas tanto por la oposición como por el partido del gobierno, ni tampoco de otras de nueva creación, como es el caso flagrante de la impulsada en las Baleares, IB3.TV, que depura el modelo de dependencia gubernamental externalizando todos los servicios excepto el del control político, atribuido a un mínimo de plantilla formada por profesionales procedentes sobre todo de gabinetes de prensa del partido en el Gobierno.

Por esto, más allá de los acuerdos que favorecen la normalización del catalán, la recepción recíproca de TV3 e IB3, y de la necesaria cooperación tecnológica entre la CCRTV y la nueva RTV balear, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) reclama del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y de la dirección general de la CCRTV que pidan garantías al Gobierno balear y a la dirección de IB3.TV que aseguren que la nueva radiotelevisión asumirá los criterios de independencia, profesionalidad, y de pluralismo y neutralidad informativa que la situen en la línea hacia adonde avanzan les reformas inminentes en Catalunya y en España. Las sociedades balear y catalana merecen y tienen el derecho a una información libre y veraz y a una programación de entretenimiento y educativa que recoja las aportaciones culturales de los dos pueblos, que sólo se asegurará acabando con el modelo de control por parte del gobierno de turno.

Si no es así, la pervivencia o la nueva creación de medios de acuerdo con el viejo modelo de dependencia del poder político frenará o contaminará los avances ya urgentes hacia unos medios públicos de comunicación al servicio de la ciudadanía.

Barcelona, 17 de febrero de 2005

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