Con la nueva Directiva de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisuales, el Parlamento Europeo modifica la anterior, conocida como de Televisiones sin Fronteras y regula no sólo la televisión convencional, sino también otros servicios de medios audiovisuales como el vídeo bajo demanda que con la digitalización van a extenderse a la mayoría de los espectadores.

La nueva Directiva mantiene el tope máximo de un 20% de publicidad por hora de reloj, pero elimina la referencia a la limitación de un 20% de publicidad por día. Esto, en la práctica, no resultará positivo ya que liberaliza las telepromociones que hasta ahora solo computaban en el límite diario. Lo que, sin dudas se reflejará en la mayor saturación publicitaria mediante este recurso que se sumará a los anuncios convencionales.

Sin embargo, la nueva normativa sí regula expresamente el emplazamiento de producto o product placement, y obliga a informar a los espectadores de su inserción. Además, recomienda prohibir en los programas informativos e infantiles el emplazamiento de tabaco o productos medicinales.

La nueva Directiva insta a los Estados miembros a crear organismos e instituciones reguladoras estatales de los contenidos y servicios de los medios de comunicación para «garantizar su independencia y velar porque ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia.»

Sin duda, se abre un interrogante sobre la reacción de las asociaciones profesionales y gobiernos autonómicos que de forma indocumentada tacharon a estos organismos de antidemocráticos e incluso a argumentar que en España no estábamos maduros para estas normas.

Cadenas sancionadas
Esta misma semana se ha sabido que el Ministerio de Industria ha impuesto a las diferentes televisiones estatales sanciones por valor de ocho millones de euros entre 2006 y 2007 por incumplir la anterior normativa de Televisión Sin Fronteras. De esta cifra, 785.620 euros corresponden a programas que han emitido contenidos perjudiciales para la infancia.

En el año que finaliza el ministerio ha abierto 18 expedientes por 261 infracciones por un valor superior a los 4,3 millones de euros. De este total, 312.000 euros son sanciones relacionadas con la protección de menores.