Tuvo que cerrar la revista que dirigía, tras una demanda del máximo dirigente regional del PP, y ahora le han embargado toda la pensión que cobra

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia el asedio judicial que viene sufriendo en los últimos años el periodista cántabro Patxi Ibarrondo, ex director de la desaparecida revista La Realidad, a instancias del ex secretario general del PP de esa comunidad y ex presidente de Caja Cantabria, Carlos Sáiz.

Ibarrondo fue condenado en su día a indemnizar con 120.000 euros al entonces máximo dirigente del PP de Cantabria, por unas informaciones publicadas en esa revista que, aunque eran ciertas, una juez consideró que atentaban contra su honor. Esa cantidad fue reducida posteriormente a 12.000 euros por la Audiencia Provincial, pero para esa fecha la revista se había visto obligada a cerrar. En aquella época la ley permitía ejecutar una sentencia aunque no fuera firme -normativa que fue anulada después-, por lo que Sáinz solicitó esa medida y llevó a la publicación al cierre.

El estrés que sufrió Patxi Ibarrondo debido al acoso al que estaba siendo sometido provocó que en 2004 le diagnosticaran la enfermedad de Parkinson. Le fue concedida una pensión por invalidez permanente, que es de la que vive. La juez Laura Cuevas había embargado el 12% de los ingresos de Patxi Ibarrondo. Recientemente, a instancias de Carlos Sáiz, ha embargado la totalidad de la cuenta en la que el periodista recibe su pensión, lo que le deja en la indigencia.

Desde la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP hacemos un llamamiento a toda la profesión periodística, de manera especial a la Asociación de la Prensa de Cantabria, para que muestre su solidaridad y ayuda a un periodista que atraviesa por tan grave momento sólo porque decidió ejercer su profesión con independencia y se convirtió en incómodo. Lo que le ha ocurrido a Ibarrondo es un claro ataque a la libertad de expresión y así debemos entenderlo todos los periodistas.

La FeSP se pone a disposición de Patxi Ibarrondo para cualquier iniciativa que quiera emprender en defensa de su dignidad y ha encomendado a sus servicios jurídicos que estudien las medidas a llevar a cabo para frenar este atropello.

12 de junio de 2007

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