La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado la telebasura que prolifera en la mayoría de cadenas, especialmente las de titularidad privada, y afirma, en un comunicado elaborado después de la última reunión de la Junta Ejecutiva Federal celebrada el pasado 26 de septiembre, que “ha llegado a un nivel de degradación que supera todos los límites imaginables”. “La FeSP no puede callar ante la difusión cada vez más abundante de programas basura -emitidos incluso en horario infantil- en los que, invocando la libertad de expresión, se traspasan todas las normas éticas y profesionales”. Ante esta situación, la FeSP ha hecho un llamamiento a los profesionales del periodismo “para que se nieguen a participar en programas que degradan a la profesión periodística y a la misma sociedad”. El comunicado se puede consultar íntegramente en la web del sindicato (www.sindicat.org).

A consecuencia de todo ello, la FeSP insta a la creación de un Consejo del Audiovisual y a la aprobación de un Estatuto del Periodista Profesional, iniciativas que sólo redundarían en beneficio de la ciudadanía y de su derecho a una información de calidad. Los sindicatos de periodistas recuerdan al Gobierno su compromiso electoral de promover un Estatuto del periodista profesional y una Ley de derechos laborales de los periodistas. Esta reclamación ha tenido una desafortunada respuesta por parte del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, que, de acuerdo con los intereses de la patronal, ha criticado las iniciativas reguladoras tildándolas de amenaza a la libertad de expresión. Todavía ha ido más lejos y ha afirmado que los responsables únicos de los contenidos son los editores, infravalorando así el papel de los periodistas.

La FeSP rechaza totalmente estos argumentos y considera que confundir la regulación de la profesión con el recorte de libertades sólo es posible desde la defensa a ultranza de la libertad de las empresas para manipular a su conveniencia los contenidos de los informativos. Tampoco se puede considerar que pedir a los periodistas que no colaboren con este tipo de periodismo sea inadecuado frente a la significativa precariedad laboral que hay en el sector. Nadie encontraría insólito ni desproporcionado que se hiciera una petición similar si se comprobara que hay médicos que se dedican a enfermar a las personas o maestros ocupados en maltratar alumnos y no admitiríamos la causa de la precariedad laboral ni la renuncia a la responsabilidad profesional. Regular la profesión periodística no significa recortar libertades sino asegurar la protección del derecho de la ciudadanía a la información y garantizar el ejercicio independiente del periodismo, que es la única fórmula para ofrecer información veraz y plural a la ciudadanía. ¿Quien teme estos propósitos?

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