Los cambios políticos en España desde el 11-M han creado un escenario inesperado hace unos meses y que favorece las expectativas de cambio radicalmente democrático en los medios de comunicación públicos, en la línea de lo reivindicado por sus profesionales desde hace años para garantizar a la ciudadanía su derecho a la información y a una programación digna.

A partir del compromiso del Presidente del Gobierno con una reforma a fondo del modelo de radiotelevisión que acabe con la televisión de partido se abren reales posibilidades de acabar con la dependencia gubernamental de esos medios mediante reformas legislativas que no deben demorarse, y con medidas transitorias de nombramientos de directivos que se atengan a las propuestas defendidas en los programas electorales por los partidos comprometidos con el cambio.

Esas reformas, además, deben abarcar a todas las administraciones que controlan radiotelevisiones públicas, sean la estatal, las autonómicas o las locales, de forma que no se mantengan en el panorama audiovisual público de toda España zonas oscuras donde se mantengan cotos cerrados de control gubernamental que desvirtúen el avance hacia la neutralidad y la imparcialidad de los medios de titularidad estatal.

La Constitución de un Consejo del Audiovisual de àmbito estatal, junto con las reformas en las leyes autonómicas de RTV han de garantizar también que no se engendren nuevas aplicaciones del modelo que hay que cambiar, como se intenta en Baleares con el proyecto de radiotelevisión pública gubernamentalizada y privatizada al máximo (incluída la información) o como se apostó en Valencia con el proyecto de privatización de Canal 9.

A la vez, hay que acelerar la reforma del modelo de RTVE, para que deje ser una televisión de partido, el de EFE, y la varias veces aplazada de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que abrió el camino en el 99 y ahora incomprensiblemente el tripartito catalán demora hasta después de una ambiciosa Ley del Audiovisual que puede tardar años. Y en Galicia, el País Valencià y Madrid hay que exigir al PP que inicie la via del PSOE en Andalucía, que cambiará la ley de RTVA para elegir al director general por 3/5 partes del Parlamento. Asimismo, las RTV locales deben encarar ya el camino del programa de Zapatero para todos los medios públicos, olvidando la teoría de la compensación para neutralizar otros medios.

Y en relación a los profesionales de la información, deben poder disponer de Estatutos de Redacción y de sus correspondientes Comités para garantizar su derecho a la participación y a la objeción cuando se les quiera imponer información manipulada.

La Federación de Sindicatos de Periodistas, empeñada desde hace años en denunciar el carácter inconstitucional del control gubernamental de los medios públicos, llama a los profesionales de la información, a los trabajadores de esos medios y a sus organizaciones representativas, y a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a exigir el rápido cumplimiento de las propuestas electorales, en el sentido de devolver a la sociedad lo que siempre debió ser suyo : unos medios públicos al servicio de todos, gestionados desde la profesionalidad y la independencia, para conseguir que nunca máis se produzcan situaciones como las vividas del 11 al 13 de marzo de la mano de RTVE, EFE y otras radiotelevisiones públicas.

Junio de 2004