La introducción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Catalunya, y concretamente en el ámbito local y municipal, es sin duda un avance de cara a una multiplicación de la oferta y de su calidad, que se podrá garantizar mejor a partir del nuevo proceso de concesión de canales, que debe terminar con la alegalidad y la arbitrariedad de algunas operaciones discutibles que ha habido hasta ahora, como la venta de canales concedidos previamente para realizar unas funciones que dejan de hacerse. Por esto creemos que es positivo el proceso de concesión de canales de TDT que ahora ha abierto el Gobierno de la Generalitat, y razonables los requisitos en lo que se refiere a las condiciones técnicas y de programación.

En cambio, encontramos a faltar otros condicionantes: los que se refieren a la seriedad y viabilidad empresarial, con un marco laboral normalizado y de acuerdo con las leyes, que permitan hacer una televisión local (pública -y también privada-) con condiciones homologables al resto de medios audiovisuales de ámbitos superiores, como el autonómico o el estatal. El SPC ha denunciado desde su fundación, ante organismos asociativos de los municipios catalanes, ante los partidos políticos y ante el propio Gobierno catalán, que las radios y televisiones locales no pueden organizarse en base al voluntarismo, la precariedad laboral de su personal y la utilización abusiva de los estudiantes en prácticas, que acaban llevando a una precariedad profesional y empresarial que les impide situarse al nivel que les corresponde. Desde el Gobierno no se puede dejar la puerta abierta a la aparición de aventureros y aprovechados que tanto daño han hecho en el sector en los últimos años.

Por esto reclamamos del Gobierno de la Generalitat, y del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que consideren un requisito imprescindible para la concesión de licencias la existencia, en el proyecto de los solicitantes, de unas relaciones laborales homologadas, basadas en la dignidad profesional y que garanticen la estabilidad en el empleo y la responsabilidad profesional de sus trabajadores.

Barcelona, 3 de octubre de 2005