El juez Santiago Vidal dió su apoyo ayer al Estatuto del Periodista Profesional (EPP) como garante del derecho a la información de la ciudadanía que reconoce el artículo 20 de la Constitución. El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona participaba en una mesa redonda organizada por el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) sobre este proyecto legislativo -que ahora está en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados- conjuntamente con el diputado de Izquerda Verde (IU-ICV) proponente de la ley, Joan Herrera, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Enric Bastardes. El acto se desarrolló en el centro cívico del Pati Llimona, en Barcelona.

Vidal explicó que había modificado criterios antiguos que hablaban que la mejor ley era la que no existía y que ahora creía que «es imprescindible una ley reguladora del derecho a la información para que esta prerrogativa constitucional esté garantizada». El magistrado también consideró que el EPP sería una buena herramienta para dignificar la profesión periodística». Vidal sugirió que quizás convendría modificar el título del proyecto legislativo, Estatuto del Periodista Profesional, porqué podría habier quien pensara que sólo afecta a los periodistas cuando en realidad trata de un derecho del conjunto de la ciudadanía como es el de recibir una información veraz, plural y de calidad.

Joan Herrera, per su parte, coincidió con esta apreciación planteada por Santiago Vidal y dibujó las dificultades que empezaría a encontrarse la propuesta por la campaña de los medios de comunicación, y de algunos sectores políticos afines o temerosos de determinados poderes mediáticos. En su intervención, el diputado señaló que en esta etapa era imprescindible la presión de los periodistas sobre el Congreso para evitar un estatuto de baja intensidad o con enmiendas que lo vacien de contenido.

La sesión había sido abierta por Enric Bastardes, quien expuso las características más innovadoras del EPP y repasó su articulado del que destacó su importancia como instrumento necesario del derecho a la información. El secretario general de la FeSP insistió en que este proyecto no es de carácter corporativo para los profesionales de la información sino que, al margen de ofrecer al sector una cobertura reguladora de su tarea, va más allá y pretende convertirse en el garante de uno de los derechos fundamentales de cualquier democracia cualificada como es el derecho de la ciudadanía a ser informada.