El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso planteado por la empresa ACN Press contra el fallo anterior a favor del periodista Ramón Pérez Almodóvar. Esta decisión supone la reafirmación jurídica de que esta empresa vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión, del que entonces era su redactor jefe, a partir de la emisión de un despacho informativo en el que se reproducía una operación político-empresarial que detallaba una campaña contra el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez auspiciada por altos dirigentes de ATI. A partir de estos hechos ACN Press retiró la confianza a Pérez Almodóvar y lo relegó de sus funciones en la delegación de Santa Cruz de Tenerife lo que obligó a este profesional a interponer la demanda que ha provocado sendos fallos favorables en el Juzgado de lo Social nº 4 de la capital tinerfeña y ahora en la sala correspondiente del TSJC.

En esta demanda de tutela de derechos fundamentales Pérez Almodóvar, como afiliado de la organización, estuvo apoyado por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y por extensión por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Cabe insistir en que estamos ante una de las escasas sentencias judiciales de las que se tiene conocimiento en Canarias que reconoce la vulneración del derecho a la libertad de expresión a un profesional de la comunicación. La primera sentencia sobre este caso asumía la existencia de presiones recibidas por la empresa ACN Press en relación con el trabajo realizado por este periodista en los últimos años, por desempeñar “una labor crítica con los políticos y poderes públicos”.

En la sentencia, también se aclara que el puesto de redactor jefe es una categoría laboral, según estipula el convenio nacional, por lo que no se trata de “un cargo de libre designación o remoción”, como trató de demostrar la empresa en el juicio celebrado hace casi un año. Finalmente, UPCC considera que los motivos que han llevado a la presentación de esta demanda por vulneración de los derechos de libertad de expresión e información son demasiado frecuentes en el desempeño de esta profesión en el archipiélago, situación que tiene su base en las nefastas condiciones laborales de los periodistas, el intrusismo profesional, la autocensura y la escasa regulación del sector.

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