Ayer lunes, en el acto que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo en el Liceo de Barcelona, se repitieron una vez más las limitaciones de acceso a profesionales de la información, especialmente de fotoperiodistas. El pasado domingo, en la asamblea de compromisarios del FC Barcelona, también hubo muchos obstáculos para el trabajo del periodismo gráfico, hasta extremos casi absurdos, muy alejado del escenario principal de los hechos. Situaciones de este tipo no es la primera vez que se producen y su reiteración en el tiempo empieza a ser preocupante y denunciable. Hechos como estos han sucedido también en el Parlament, en el Palau de la Generalitat y en otros recintos, tanto públicos como privados, donde, las instituciones convocantes de los actos, dejan solo a un reducido número de profesionales a partir de un pool de agencias que los cubran.
Entendemos las dificultades logísticas para organizar determinados actos de gran trascendencia pública, pero justamente por ello reclamamos a las instituciones que lo hagan de forma que los puedan cubrir el mayor número de medios posible. Celebrar actos de esta importancia limitando el acceso de profesionales de la información tiene el efecto contrario de empobrecer la magnitud de estos acontecimientos, puesto que la ciudadanía recibirá una información nada diferenciada. Garantizar el derecho a la información de la ciudadanía requiere, entre otras cosas, que la información que reciba sea lo más plural y completa posible y que reducir a la mínima expresión la cobertura gráfica, como empieza a pasar últimamente demasiado a menudo, va en dirección totalmente opuesta. Entendemos también que la pandemia hace necesarias ciertas prevenciones, pero al mismo tiempo creemos que estas no pueden ser utilizadas para no respetar el derecho a la información, que empieza a ser más una excusa que una necesidad.
Estas limitaciones tienen, además, un efecto secundario muy perjudicial, que es que cada vez podrá trabajar un número menor de profesionales de la información si se sigue promoviendo que las imágenes principales solo las puedan obtener un reducido número de medios. Es decir, que esta situación no solo perjudica al derecho a la información de la ciudadanía, sino que acentúa también la precariedad en el sector. Es cierto que en los últimos años han aumentado el número de medios de comunicación, pero esto no es una excusa para implantar ni consolidar discriminaciones injustificables, puesto que todos los medios merecen las mismas oportunidades.
Por lo tanto reclamamos a todas las instituciones y entidades que convoquen actos de esta naturaleza –especialmente las públicas y las de partidos políticos– que lo hagan pensando también en facilitar el trabajo de los y las profesionales de la información, especialmente fotoperiodistas y cámaras. Hacemos un llamamiento a todos los y las profesionales para exigir de manera unitaria el fin de estas discriminaciones y que sigan denunciándolas como lo están haciendo últimamente.
Finalmente queremos criticar una vez más el silencio cómplice de los medios de comunicación y de sus direcciones que no defienden a sus profesionales y aceptan estas imposiciones de las instituciones. Si quieren hacer una información de calidad e independiente tienen que exigir, como nosotros, unas condiciones suficientes para sus trabajadores y trabajadoras. Pero, desgraciadamente, optan por una mentalidad tacaña pensando que “así nos sale más barato”. Pero el precio de esta actitud es dar a sus audiencias una información de peor calidad, algo que finalmente se les volverá en contra, como ya hemos visto demasiadas veces.