El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) y el Sindicat de la Imatge UPIF-C expresan su más absoluto rechazo a la petición fiscal de prisión para el fotoperiodista Albert Garcia acusado falsamente por la Policía Nacional «de atentado contra la autoridad”. Los hechos sucedieron el octubre de 2019 mientras el compañero cubría las movilizaciones posteriores a la publicación de la sentencia del Procés. Albert Garcia pretendía captar las imágenes de la agresión por parte de este cuerpo policiales a un joven que participaba en ellas. Finalmente los agentes lo detuvieron a él.
Las tres entidades defendemos el compañero porque Albert se limitó a cumplir con su deber profesional de captar las imágenes de unos hechos que en aquel momento estaban sucediendo en la vía pública. Su obligación era poner por delante el derecho a la información de la ciudadanía para que esta recibiera información de lo que pasaba en la calle en aquellos momentos. Con su detención, los agentes policiales solo perseguían limitar un derecho democrático esencial, protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Constitución española y por el Estatuto de Cataluña. Además, aducen unos cargos absolutamente inexistentes, como demuestran profusamente los videos que se grabaron de la detención del fotoperiodista.
Lamentamos igualmente que la Fiscalía haya dado crédito a unas acusaciones policiales que las imágenes que hay desmienten absolutamente. Con su decisión, esta institución se hace cómplice de la vulneración del derecho a la información de la ciudadanía por lo que, cuando se fije la fecha del juicio y empiecen las sesiones orales, se debería desdecir de su valoración de los hechos y retirar la acusación contra el compañero y la petición de una pena de prisión. En una democracia, no se puede condenar nadie por trabajar en la garantía del derecho a la información de la ciudadanía por encima de unos intereses particulares que optan por apartar de los sitios los testigos incómodos, como tienen que ser los y las profesionales de la información.
Reclamamos al Ministerio del Interior que desautorice las acusaciones policiales contra Albert Garcia. Y exigimos también que el Gobierno español impulse de una vez por todas la derogación de la Ley Mordaza, que no es más que un instrumento para limitar los derechos y las libertades civiles que se deben disfrutar en democracia.
Finalmente queremos expresar nuestro apoyo al compañero Albert Garcia, a quien envíamos toda nuestra solidaridad y la del conjunto de la profesión y a cuya disposición nos ponemos para todas aquellas acciones que quiera impulsar en su defensa. Su caso es absolutamente inadmisible en democracia e impulsaremos todas las iniciativas necesarias para que todo esto acabe no ya en una absolución sino con una retirada previa de los cargos.