A dos meses para que se cumplan seis años del primer debate monográfico sobre el Audiovisual que celebraba el Parlament de Catalunya, siguen pendientes las Leyes del Audiovisual de Catalunya y la de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Si la primera ya ha terminado la ponencia parlamentaria, la segunda ha tardado más por el desacuerdo de los partidos de la oposición, que nunca han explicitado un proyecto de medios públicos independientes y no gubernamentales.

El desacuerdo parece que se concentra en la composición y las incompatibilidades de los miembros del consejo de administración de la futura Corporación, que quisieran que, como ahora, siga respondiendo a la representación parlamentaria y no incremente la exclusividad de una manera parecida a los miembros del CAC. También hay divergencias en lo que se refiere a la mayoría necesaria para que el Parlament elija los consejeros, 2/3 o 3/5 partes, que obedece más a consideraciones tácticas de unos y otros para tener una mayoría de bloqueo o mirar de impedirla. En otros aspectos, como la representación de los trabajadores en el consejo de administración (descartada después de un primer proyecto que lo contemplaba) o en el consejo asesor, la coincidencia es mayor.

Mientras tanto, la reciente sustitución de un miembro del consejo no se ha hecho según los criterios explicitados en el proyecto de reforma, y reproducen la costumbre de enviar personas vinculadas a una opción política; sigue en activo otro miembro, que lo es al mismo tiempo de una compañía de la competencia, en este caso RTVE. Y hasta hace poco y durante unos meses, formaba parte del consejo un miembro del Gobierno con cargo de director general.

En RTVE, el proyecto de reforma del gobierno central se ve adelantado por planes de saneamiento que quieren cambiar cosas cuando todavía no está definido el modelo definitivo de radiotelevisión estatal, y en Catalunya se amenaza la continuidad de horas de emisión en catalán, al margen de ningún proyecto acabado que contemple el papel de los centros de producción y el futuro que se quiere dar a los centros territoriales y emisoras de RNE en un Estado plurinacional.

Y en EFE, diagnosticada y recetada también por el informe del Comité de expertos para la reforma de los medios de titularidad estatal, parece que el Gobierno no ve la urgencia de reforma legislativa, cuando es el organismo con menos control público de los existentes y cuando es clara su influencia en la generación de la información que llega a la sociedad. En Catalunya, además, la sustitución de la delegada nombrada en época del PP no hay garantías que se haga con los criterios que los expertos y el mismo Presidente del Gobierno afirman que son necesarios para una regeneración democrática de estos medios, de manera que no estén al servicio del Gobierno de turno, sea éste peor o mejor que el anterior.

Por todo ello, reclamamos de las fuerzas políticas en los parlamentos catalán y español que aborden con celeridad la discusión y aprobación de las leyes pendientes, largamente trabajadas pero también demasiado ralentizadas por motivos que no quisiéramos creer que fueran inconfesables. Por el bien de la ciudadanía, del derecho a la información, y de los profesionales que lo gestionamos, que requerimos del blindaje legal que garantice la independencia informativa para poder realizar nuestra labor con rigor y en libertad.

Barcelona, 17 de octubre de 2005