La aprobación de la Ley Audiovisual, positiva para el derecho a la información y para una programación digna

La aprobación hoy en el Parlament de la Ley Audiovisual de Catalunya, seis años después que se acordara su elaboración, es una buena noticia para el sector audiovisual, para la ciudadanía que exige una información veraz y una programación digna, y también para los profesionales de la comunicación que son los mediadores del derecho a la información. Se añade a la que llevó a la constitución del actual Consejo del Audiovisual de Catalunya, dotado por sucesivas reformas de más competencias, ahora también ampliadas por la propia Ley del Audiovisual.

En un contexto de ofensiva generalizada contra todo intento de regulación pública de los contenidos que se emiten por un espacio público como el radioeléctrico, es de agradecer que el Parlament apruebe esta ley que debe permitir racionalizar el mapa audiovisual catalán y prepararlo para los inminentes cambios tecnológicos (TDT) y para los desafíos democráticos que exige una sociedad moderna, que no se puede llamar como tal sin opinión pública bien formada, sólo posible con una información “veraz, objetiva y equilibrada”, como defiende la Ley para los medios públicos locales.

Desde el SPC valoramos especialmente la definición que se hace del servicio público audiovisual, que afecta también a los operadores privados, la universalidad del acceso a los medios y la protección de los derechos de la audiencia. En el ámbito público, creemos que es positivo que se fije la gestión directa del servicio por parte de los entes locales, el contrato-programa que asegura la financiación de los objetivos, y la elección de los directivos de los medios por mayoría de 2/3 en el plenario municipal o supramunicipal, a propuesta de un consejo consultivo y asesor elegido previamente, y en base a criterios de capacidades, méritos e idoneidad. En el ámbito privado, damos apoyo a la exigencia de transparencia, vigilancia del pluralismo y de la concentración empresarial, para evitar monopolios, y también a la regulación de la televenta y de la publicidad, a veces subliminal y encubierta. Y encontramos coherente la potestad que la ley otorga al CAC de inspección, y de sanciones en caso de infracción de los principios legislados.

Creemos en cambio que no se ha avanzado en el impulso del “tercer sector” audiovisual (ni público, ni comercial), para dar salida a la voluntad de expresión de entidades y movimientos sociales. Y tampoco en los requisitos mínimos de estabilidad laboral, y también profesional, a las plantillas de los medios locales, tanto públicos como privados, que siguen siendo una fuente de precariedad que afecta a la profesionalidad y la calidad de los contenidos.

Nuestro principal reproche, pero, es contra la demora en la aprobación de la nueva ley de la CCRTV, exigencia que fue el clamor profesional que provocó el debate monográfico sobre el Audiovisual de diciembre de 1999, que la convirtió en una de las prioridades.  Nos encontramos con la paradoja que por primer vez se pretende desgubernamentalizar los medios públicos desde el gobierno, mientras la oposición, sin haber hecho público ningún proyecto global sobre la cuestión, toma lo que le interesa de la propuesta pero plantea aún medidas contrarias al espiritu de despartidización de estos medios (número de miembros del consejp de administración para mantener les cuotas políticas, negativa a las incompatibilidades para hacer un órgano más empresarial). Por este motivo, el SPC reclama la aprobación inmediata del proyecto de reforma de la Corporación, que recoge lo esencial de las propuestas profesionales de los últimos años, y que debe acabar con la provisionalidad, y la fragilidad, de la gestión de las empresas de la CCRTV, especialmente TV3 y Catalunya Radio.

Barcelona, 20 de diciembre de 2005

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