El Sindicato de Periodistas de Catalunya rechaza categóricamente el Protocolo de Acceso de los Medios de comunicación a las Salas de Vista aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el cual se establecen unos criterios que se oponen al derecho a la información de la ciudadanía. En este protocolo se establecen graves restricciones a la tarea de los profesionales de la información, entre las que destacan la prohibición de tomar imágenes o hacer fotografías, incluso en los pasillos, o que sea un único medio el que sirva las imágenes –tildadas «de institucionales» en el documento del TSJC– al resto de medios. En este sentido es especialmente preocupante la observación de que «el interés mediático que despiertan algunos juicios orales debe ser reconducido».

Damos pleno apoyo a la exigencia planteada por los profesionales que se ocupan de la información en los tribunales -que piden que el protocolo sea retirado- porque afecta a los informadores, a las empresas de comunicación y, más grave todavía, al conjunto de la ciudadanía a la cual, como bien señala este colectivo, los periodistas debemos nuestra tarea, y que verá mutilada la información que recibe. Los tribunales no deben decidir qué deben publicar o emitir los medios. En la información judicial hay una frontera difusa entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, pero esta tensión no ha generado hasta ahora ningún conflicto grave: hecho que permite exigir que la prohibición sea únicamente para casos excepcionales y no la norma, como ahora ha resuelto el TSJC.

Queremos recordar que actualmente está en trámite parlamentario el Estatuto del Periodista Profesional (EPP) que, entre otras cosas, debe dar respuesta a ste conflicto de derechos. El TSJC no debería adelantarse a lo que dispondrá la ley, que debe regular la tarea de los periodistas en sedes públicas. A la vez, este conflicto debería servir para que los miembros de la Comisión Constitucional que están estudiando la propuesta legislativa aceleren su tarea para terminar lo antes posible la redacción de una norma que en los países que la tienen en vigor resuelve conflictos como el que de manera gratuita acaban de provocar los miembros de la Sala de Gobierno del TSJC.

Barcelona, 1 de marzo de 2007

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