1985/1986, en Numancia (Barcelona) y en Sant Joan Despí:se hacen las primeras reuniones clandestinas, y los primeros borradores, de cara a la consecución de un Estatuto de Redacción. El motivo que hace reunir voluntades de profesionales distintos de la redacción es la manipulación informativa y los discos solicitados al servicio del Gobierno. Planteada la propuesta a la dirección de TVC, es rechazada. El único Estatuto de Redacción vigente es el de El País.

1991: el Col·legi de Periodistes, de acuerdo con sindicatos y comités de empresa de distintos medios, entre ellos TV3, aprueba el Estatuto Marco de Redacción, que favorecerá en pocos años la creación de los Estatutos deEl Periódico y de La Vanguardia.

1992: se aprueba en el II Congreso de Periodistas Catalanes el Código Deontológic elaborado por el Col·legi de Periodistes. El mismo Congreso, que diagnostica la precariedad y las injerencias en el trabajo como los principales problemas de la profesión, acuerda impulsar un sindicato de periodistas, como los hay en el resto de países europeos, para defender los intereses laborales y profesionales de los informadores.

1993: nace el Sindicat de Periodistes, que a través de comunicados denuncia los casos flagrantes de manipulación informativa, en TV3 y fuera. A través de la sección sindical, y también en el comité de empresa, retoma la movilización a favor del Estatuto de Redacción.

1995/1996: se encarga un dictamen sobre un modelo de Estatuto de Redacción para un medio audiovisual público al catedrático de Derecho Constitucional, Marc Carrillo y se debate en la redacción sobre el ámbito personal de la propuesta de Estatuto de Redacción que elabora una Comisión mixta del comité de empresa y de miembros de la redacción. No hay acuerdo y el movimiento decae hasta una nueva oportunidad. En todo caso, continúa la negativa a aceptar un Estatuto desde la dirección general y desde la dirección de TVC, con el argumento que no hacía falta, que favorecería el asamblearismo, etc.

1997: el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de la Cláusula de Conciencia, que va más allá de la interpretación tradicional, según la cual se garantizaba una indemnización digna al periodista que se marchara de un medio, si demostraba que había habido un cambio manifiesto en su ideario. La nueva Ley contempla también que el profesional tiene derecho a negarse a hacer una información manipulada, sin que pueda ser represaliado o despedido; y también a retirar su firma si la información era retocada.

1998: el consejo de administración de la CCRTV elabora un proyecto de Estatuto Profesional de los Medios de la Corporación (TVC y Catalunya Ràdio), que es aprobado en referéndum incluso excluyendo colectivos como producción y documentación, y parcialmente los OPI’s, además del personal de programas no informativos. En el referéndum, el comité de empresa organiza una votación simbólica de estos colectivos, y el comité profesional elegido poco después invita de forma permanente representantes de producción y documentación.

En 2002, y a propuesta del comité profesional, planteada al consejo de administración, se reforma el Estatuto Profesional, y se amplía el ámbito personal a producción y documentación. El Estatuto permite oficializar el derecho de los profesionales a firmar sus piezas (no sólo las crónicas). Las denuncias del comité profesional disfrutan de legitimidad, en tratarse d’un órgano elegido por la redacción.

1999: pronto se comprueba que no basta con denunciar las manipulaciones, o de poder negarse a hacer una información contraria a la deontología. Por esto el Col·legi de Periodistes y el Sindicat de Periodistes, con participación de gente de TV3, elaboran sendos documentos que reclaman el cambio en las normativas de los medios públicos, heredadas de la transición y que consagran un modelo gubernamental con la mayoría de competencias en manos de los directores generales, elegidos por los gobiernos, que sólo sobre el papel se contrarresta por unos consejos de administración y unas comisiones de control parlamentario que forman representantes políticos en función de los últimos resultados electorales.

Diciembre 99: se celebra el primer debate parlamentario monográfico sobre el Audiovisual, que acuerda reformar en un plazo de seis meses la Ley de la CCRTV, para desgubernamentalizarla, reformar la Ley del CAC para dotarlo de más competencias, y elaborar una Ley general del Audiovisual para ordenar todo el sector, público y privado. Provisionalmente, se acuerda elegir el nuevo director general de la Corporación por consenso, expresado a través del consejo de administración. Así es elegido Miquel Puig.

2000, 2001, 2002: asistimos a avances y retrocesos en los espacios de libertad informativa en TV3, en función de contradicciones internas en el partido, o la coalición, gobernante, que estallan en 2002 con la caída de Miquel Puig, propiciada desde su misma formación. En el camino, ha habido los intentos de apartar a Carles Francino de los TN, su plante en un TN por el asunto Flotats-Pujals, la caída de Josep Mª Torrent por la mala cobertura del asesinato de Ernest Lluch, etc. Asuntos todos ellos en los cuales el comité profesional juega un papel determinante. La reforma de la ley ha quedado aparcada al Parlamento.

2003, 2004: regreso a una dirección general nombrada por el Gobierno, e inicio de las protestas por la aplicación de los bloques electorales, defendidos por casi todos los partidos, y cuando menos votados por sus representantes en el consejo de administración. Manteniendo todavía espacios de libertad con la llegada del tripartito, el eje de la queja se va desplazando de la crítica al Gobierno a la de todos los partidos.

2005, 2006, 2007: varios intentos de aprobar la nueva Ley de la Corporación, que debe llamarse CCMA, que fracasan por intereses partidistas, ahora de unos, ahora de otros. No es hasta el otoño que se aprueba la nueva Ley, con cambios de última hora que desnaturalizan el intento de un modelo parecido al de la BBC que no sólo desgubernamentalice, sino que también evite la excesiva influencia de los partidos parlamentarios en la conformación de sus órganos de dirección y de gestión. A partir de este punto, son varios los impases y las crisis para nombrar los miembros del nuevo Consejo de Gobierno, la dirección general y la dirección de TVC, inevitables en la medida que todas los pasos han sido dirigidos desde los partidos políticos, que teorizan como un sano consenso el reparto en función de la representación parlamentaria, incluso a niveles de cargos de gestión.

Sant Joan Despí, 12 de septiembre de 2008