Con la polémica de la COPE y las competencias del CAC como trasfondo

Con una coincidencia sólo sorprendente en apariencia han surgido nuevos opositores a las competencias que a partir de ahora tendrá el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), considerado hasta ahora el referente en España como órgano de vigilancia audiovisual. Desde editoriales de prensa hasta varios responsables políticos españoles se han manifestado contra la posibilidad que las ejerza en el caso concreto de determinados contenidos de la cadena COPE, que también emite desde Catalunya.

Todos estos críticos parece que olvidan el alto grado de independencia, competencia y profesionalidad del Consejo, a pesar que sus integrantes hayan sido propuestos por los grupos parlamentarios (que al fin y al cabo y según la Constitución representan la soberanía popular), y opinan que el hecho que un organismo de este tipo controle, vigile y, en su caso, pueda sancionar el incumplimiento de los criterios deontológicos y la vulneración de derehos constitucionales, es un “camino preocupante y peligroso”, una “irrupción intervencionista” que atribuyen al gobierno catalán, un “intrusismo de poder” o, en el límite, una “censura franquista”. Como solución, sólo saben aconsejar la vía judicial, como si esta fuera la más oportuna y la más rápida.  

En el SPC sabemos de la coherencia de estas posiciones, lamentablemente compartidas por la directiva de la FAPE encabezada por Fernando González Urbaneja, con la oposición de empresas, editores y algunos directores al proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, en trámite en el Congreso de los Diputados, pero hasta hoy había imperado el argumento que se trataba de ámbitos distintos; incluso se había elogiado al CAC como ejemplo a seguir en el proceso de reformas del mundo audiovisual en toda España. Pero ahora, cuando una autoridad audiovisual independiente, que asume la competencia de la concesión y la renovación de licencias de radio y de televisión, se plantea ejercer su derecho a vigilar el cumplimiento de la ley, es decir, cuando sus potestades dejan de ser simbólicas, se produce una reacción retrógrada en ámbitos empresariales, corporativos y políticos que pone en cuestión todo el proyecto de reforma del audiovisual español que, por fin y después de décadas de atraso en relación a Europa, se plantea a partir de las propuestas del gobierno de Rodríguez Zapatero y de la comisión de expertos, que incorporan lo mejor de la experiencia catalana en todos los ámbitos (Ley Audiovisual general, autoridad reguladora del sector, desgubernamentalización de los órganos de gestión de RTVE). ¿Esto significa, por lo tanto, que las empresas periodísticas extenderán su oposición al Estatuto del Periodista Profesional también a la batería de propuestas de reforma del sector audiovisual?.

Por parte del SPC, coherentes con nuestras propuestas históricas, seguiremos defendiendo la regulación legal tanto del ejercicio del  periodismo profesional, para garantizar el derecho a una información veraz a toda la ciudadanía, como de la actividad audiovisual que, pública o privada, es un servicio público que utiliza radiofrecuencias públicas, y que debe atenerse a los principios deontológicos y constitucionales en las informaciones y en el conjunto de la programación.

Barcelona, 23 de diciembre de 2005

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