Regular la profesión periodística no significa recortar libertades sino asegurar la protección del derecho de los ciudadanos a la información y garantizar el ejercicio independiente del periodismo, que es la única formula para ofrecer información veraz y plural a los ciudadanos. ¿Quién le teme a estos propósitos?

Donde hay fuertes y débiles la libertad oprime y solo la ley libera.Lamennais

Recientemente los sindicatos de periodistas han manifestado su preocupación por la creciente presencia en los medios televisivos de programas supuestamente informativos que transmiten al público contenidos que gran parte de los ciudadanos consideramos lesivos en el fondo y en la forma del mínimo respeto a los ciudadanos que debe guardar un medio privado o público de comunicación. En algunos de esos programas trabajan periodistas que, olvidando sus obligaciones como profesionales de la información, ofrecen un espectáculo que como decía el comunicado de los sindicatos de la FeSP “degradan la profesión periodística” . Además, se instaba a los periodistas a que ejercieran lo que algunos ya han llamado “objeción” a trabajar en esos programas. En las actuales circunstancias de precariedad laboral, este llamado ha resultado insólito para algunos y desproporcionado para otros. Sin embargo, nadie encontraría insólita ni desproporcionada una demanda de este tipo si se comprobara que hay médicos dedicados a enfermar a las personas o maestros ocupados en maltratar a sus alumnos y ante ellos no admitiríamos la causa de la precariedad ni la renuncia a la responsabilidad profesional.

En el mismo comunicado los sindicatos de periodistas exponían la urgencia de regular esta profesión mediante un estatuto profesional y recordaban al presidente del Gobierno su compromiso personal y el de su partido de respaldar ese proyecto. Si el primer reclamo causó sorpresa, este segundo volvió a movilizar a los defensores de la desregulación que se apresuraron a manifestar su “seria preocupación” ante una corriente de opinión que “pretende medidas de control de los contenidos de los medios informativos” y han agitado el fantasma que tal regulación podría conducir al “recorte de la libertad de información” y a una “intromisión en el trabajo de los periodistas.”

Confundir la regulación de la profesión con el recorte de libertades sólo es posible desde la defensa a ultranza de la libertad de las empresas para manipular a su arbitrio los contenidos informativos. Esa presunción parece confirmarse con la afirmación expresada por el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, defensor de la no regulación, que ha sostenido que es sólo a las empresas de medios a quienes corresponde la responsabilidad de los contenidos. Ante esta afirmación caben varias preguntas.

¿Cuál sería entonces la misión y responsabilidad de los periodistas? Seguramente, convertirse en simples proveedores de contenidos que trabajan al dictado de sus patronos; estos últimos sólo preocupados por los resultados de sus accionistas y no por la información.

¿Cómo quedan la independencia y la dignidad profesional del informador? Como hasta ahora, ahogadas en la precariedad laboral y en la indefensión. Es posible que, cuando los ciudadanos nos reclamen por esa manipulación a la que nos obligan, digamos como los torturadores que “sólo cumplíamos ordenes”.

¿Quién protege el derecho a la información de la ciudadanía? Nadie. Las empresas ya han demostrado que no están por esa faena y se está viendo que, sin esa necesaria regulación, los periodistas estamos dejando a la ciudadanía en el desamparo.

¿Está en peligro la libertad de prensa? Es evidente que se halla garantizada casi como una continuación de la libertad de empresa. Y es igualmente claro que quien está sufriendo agresión es el derecho de la ciudadanía a la información. Un derecho fundamental que no esta regulado por ley alguna y que, en principio, tendría como únicos valedores y garantía a la profesionalidad independiente de los periodistas. Que son quienes deberían garantizar a la ciudadanía la recepción de información veraz y plural.

¿Está el derecho a la propiedad de los medios por encima del derecho a la información? Desde juristas de nuestro país a parlamentarios europeos y foros mundiales han dicho que no. Recientemente el comisario europeo Antonio Vitorino ha advertido también de este peligro, “la libertad económica no debe poner en riesgo el pluralismo y la libertad de expresión”. Y el propio Consejo de Europa en su recomendación del Código Deontológico Europeo del Periodismo (no de los periodistas) reclama la definición de las empresas de medios como entidades socioeconómicas y la necesidad de estatutos de redacción.

Si los sindicatos de periodistas estamos reclamando la regulación de la profesión y dentro de ella la necesaria existencia de esos estatutos de redacción es porque la pluralidad de medios ha demostrado su ineficacia como garantía de la pluralidad informativa. Es evidente que la guerra de las audiencias, que se manifiesta con mayor virulencia en los medios televisivos, se ha extendido a todos los medios de información en desmedro de la seriedad de nuestra profesión. Así, la telebasura ha dejado de ser un subproducto de la televisión para convertirse en un estilo de hacer periodismo que se aplica no sólo en la elección de los contenidos de la información, sino también a su tratamiento y hasta en las relaciones humanas dentro de las redacciones.

Para evitar la proliferación del periodismobasura los periodistas reclamamos normas claras que garanticen nuestra independencia y armas para ejercer la defensa del derecho a la información de los ciudadanos. ¿Quién le teme a estos propósitos?

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