Asistimos como nunca hasta ahora a una verdadera ofensiva propagandística contra los medios públicos de comunicación, reforzada ahora por los desajustes económicos provocados por la especulación financiera y la deuda privadas, trasladado ahora a la deuda pública y de aquí a recortes generalizados de servicios públicos esenciales. En este marco, se lanzan argumentos populistas y demagógicos, por parte de los más favorables a los recortes por doquier, que utilizan las agresiones a la sanidad, a la educación o a las ayudas sociales para reclamarlos también en los medios de comunicación públicos. Y tras años de poca educación sobre el carácter esencial de estos medios para garantizar la cohesión social, la normalización lingüística y cultural, el derecho a una información pluralista e imparcial y a una programación digna y no alienante, una parte de la población puede ser víctima de esta intoxicación. Correspondería al Gobierno y al Parlamento, y no sólo a los directivos de estos medios o a sus trabajadores, reivindicar esta función básica para la conformación de la opinión pública y para el enriquecimiento de la democracia. Y ser consecuentes con la misión de servicio que se reclama a la radiotelevisión pública con una financiación estable y suficiente que le permita mantenerse en situación de liderazgo para hacer posible esta función en medio de la competencia de poderosos medios privados, reforzados ahora por la política de fusiones duopolista de ámbito estatal. El argumento falaz que por coherencia también se deben recortar los presupuestos de la CCMA podría servir también por cuestionar la normalización lingüística y, en última instancia, el propio ordenamiento democrático que, ciertamente, cuesta dinero. En este sentido, recortar en exceso la financiación de la Corporación puede ponerla en peligro, y aun cuando también es una indústria, hace falta reafirmar que es sobre todo una herramienta democrática y de integración social.

Pero reclamar el mantenimiento y promoción de los medios públicos y de su producción, que no se puede ver como un gasto sino como una inversión social, implica también defender su carácter verdaderamente público, y no sometido al control político del gobierno o de la mayoría parlamentaria de turno. E implica defender una concepción de gestión democrática de los órganos de gobierno, que como mínimo deben partir del consenso parlamentario, porque la radiotelevisión pública debe ser tratada como un asunto de país, y no de partido o de partidos, y por lo tanto todas las peleas partidistas a su alrededor no hacen más que debilitarla y desprestigiarla, haciendo el juego a la demagogia que quiere identificar la libertad informativa con los medios privados, como si estos no estuvieran condicionados por los intereses económicos de sus grupos mediáticos que los hacen vulnerar a menudo los criterios deontológicos de la profesión periodística. Todos sabemos como costa defender los modelo de medios públicos cuando estos aparecen ante la población como parciales y al servicio del gobierno de turno, como pasa con varias radiotelevisiones autonómicas, que no por casualidad están en mala situación económica a causa entre otros factores de la poca audiencia, derivada de la falta de credibilidad que proyectan.

Por ello no es un lujo, ni un requerimiento demasiado ambicioso, o una obsesión de los profesionales de la información que no entendiéramos que lo primero es salvar las empresas y los puestos de trabajo, reivindicar ahora y aquí, cuando se inicia el tramo final del debate parlamentario sobre la reforma de la ley de la CCMA que propone el Gobierno, que sin formas de gestión y control democráticas, con el apoyo de una gran mayoría parlamentaria y social, no se defiende eficazmente el modelo de servicio público que queremos mantener, ni la producción que deriva de este modelo, que es el que debe garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Porque asistimos a una doble ofensiva desde el Gobierno, que además se hizo pública de manera casi simultánea hace un mes: la contrarreforma legislativa que mantiene el sistema de cuotas políticas, ahora en un órgano reducido que reproducirá la mayoría de gobierno, y que elimina la necesidad de consenso o de mayoría cualificada para las grandes decisiones y los sistemas de elección, y el recorte progresivo en los presupuestos, al margen de un contrato programa que debería ser el punto de equilibrio entre la misión encomendada por el Parlamento y la financiación que decide el Gobierno. Y si la ofensiva tiene dos brazos, no se puede batallar sólo contra uno de ellos, sino ver la pinza en su conjunto, y resistir y reivindicar tanto en el ámbito económico como en el democrático

Por esta razón no parece oportuno supeditar la defensa de un eje básico del modelo público, el de la gestión independiente que debe permitir que estos medios resten fieles a su nombre (públicos), a la sola garantía del mantenimiento de una financiación suficiente, sin otra consideración, porque esto ya lo hemos vivido en el pasado, y es allá dónde no se debería volver, deshaciendo todos los progresos en la democratización de la CCMA conseguidos en los últimos años. La jugada del Gobierno es clara y ha sido basta denunciada: se utiliza la situación económica y el argumento genérico de la austeridad para introducir cambios legislativos que le devuelven el control de los medios, y a la vez se usa la rebaja drástica en la financiación para hacer pasar la contrarreforma legislativa, de forma que ya hay quien ha encajado el chantaje y propone retirar las enmiendas a la Ley si el ejecutivo reduce de manera menos drástica el presupuesto de la CCMA para el 2012.

La defensa del modelo público suficientemente financiado es inseparable de su gestión empresarial independiente: la prueba es la situación actual, en qué los niveles logrados por los medios de la CCMA están amenazados por las dos iniciativas provenientes del Gobierno: la propuesta de reforma legal y el recorte drástico de la subvención pública. El proceso que se pondrá en marcha pronto en el Parlament nos puede volver a épocas anteriores: a la dialéctica Gobierno (y aliados) contra la oposición con la CCMA como campos de batalla. Justo lo que se quiso desterrar con la Ley todavía vigente, que por otro lado creó un marco favorable a los buenos resultados de los medios de la Corporación. Ahora todo está en peligro porque el partido del gobierno, con la ayuda de un PP que en España lidera los récords de desprecio de los medios públicos, con cierres, propuestas de privatización y a la vez de apropiación gubernamental y manipulación informativa descarada, toma iniciativas que rompen el escenario que ha propiciado las cotas logradas y de manera aparentemente absurda, dilapida el prestigio de la CCMA y el alto grado de autonomía a qué había llegado.

Por ello oponerse ni es una pataleta utópica y poco realista, ni una reclamación corporativa de sólo unos profesionales, supuestamente preocupados tan sólo por el control gubernamental de la información. La regubernamentalización de la CCMA afectaría, claro está, al derecho a la información de la ciudadanía, pero también al volumen de las empresas de la Corporación y a su capacidad productiva, porque los compromisos y afinidades del Gobierno y su aliado principal con grupos mediáticos competidores son lo suficiente evidentes, y sólo puede ser frenada por una gestión independiente basada en el consenso mayoritario entre los grupos parlamentarios, que se supone representan gran parte de la ciudadanía.

Por lo tanto, la defensa de la radiotelevisión pública no puede despreciar uno de sus componentes esenciales: la necesidad de una gestión y un control independientes basados en la profesionalidad y en la competencia. No defender este objetivo que era más próximo con la Ley actual que con la contrarreforma propuesta no ayuda a conseguir unos medios públicos fuertes y al servicio de la ciudadanía. Por esto son necesarios unos medios realmente públicos y por lo tanto independientes.

Sant Joan Despí, 30 de diciembre de 2011

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