Este jueves se debaten en el Parlament dos iniciativas para reformar la Ley Audiovisual de Cataluña, la ley del CAC y la de la CCMA, que ya fueron modificadas el 2012 con los votos de CiU y del PP, de manera que se volvió a la gubernamentalización de los dos últimos organismos limitando el pluralismo y asegurando el control directo desde el Ejecutivo. El proyecto de ley del Gobierno, presentado paradójicamente como una medida para garantizar la independencia del CAC y del Consejo de Gobierno de la CCMA, representa un reforzamiento del presidencialismo en estos órganos y no defiende devolver a la necesidad de mayorías cualificadas a la hora de elegir sus miembros, como la ley del 2007, acordada por todos los partidos excepto el PP.

En cuanto a la proposición de ley de ICV-EUiA, presentada en septiembre, sí que representa un regreso al espíritu y la letra de la ley del 2007, producto tardío del debate monográfico sobre el Audiovisual de diciembre de 1999, que por primera vez, y por presiones provenientes de los profesionales del sector, se planteó acercar los medios públicos catalanes a los estándares democráticos similares a los de la BBC.

A pesar de la involución legislativa en ámbitos como RTVE, y los ataques frontales al servicio público de RTV en comunidades con mayoría absoluta del PP, como el País Valenciano y Madrid, los trabajadores no aceptamos esta marcha atrás, que en Catalunya se ha concretado en una alianza CiU-PP que se mantiene en el ámbito de la comunicación a pesar del proyecto político impulsado por el Gobierno. Debe de ser porque a pesar de las diferencias políticas evidentes, hay coincidencia en el modelo gubernamental de medios públicos y quizás también en un modelo neoliberal, partidario de externalizar todo el que no sean contenidos informativos.

Desde el SPC llamamos a todas los grupos parlamentarios que pactaron la ley del 2007 que vuelvan a aquel consenso, que es lo más representativo de la sociedad catalana, la verdadera propietaria de los medios de la Corporación, y eviten así el espectáculo de utilizar este medios como herramienta de confrontación política. Porque TV3 y Catalunya Ràdio son cuestiones de país, y su viabilidad y credibilidad dependen de que sean realmente públicos, y no instrumento al servicio de un proyecto político.

Barcelona, 24 de abril de 2014