El Sindicat de Periodistes de Catalunya siempre ha defendido los medios públicos de comunicación, que pueden dar a la sociedad el servicio de información, formación y entretenimiento que merece a cambio de financiarlos. También, desde su inicio, hace 15 años, ha destacado por la defensa profesional de los informadores, vía estatutos de redacción y comités profesionales. Y especialmente luchando por un modelo alternativo al heredado desde la transición por los medios públicos de toda España, que dejaba su control a manos de las mayorías gubernamentales de turno.
Pero el sindicato se ha opuesto también a los modelos de gestión que dejan en manos privadas el conjunto o parte de la programación, y especialmente los servicios informativos. Primero, porque comportan una grave inseguridad laboral de los trabajadores, que intentamos superar mediante compromisos de subrogación de los profesionales cuando cambia la productora que ofrece los servicios. Segundo, porque la inestabilidad dificulta gravemente la profesionalidad, y el establecimiento de derechos profesionales o deontológicos, entre la entidad pública y la productora privada, resulta de difícil aplicación.
Por esto el SPC defiende la máxima internalización posible de la producción, y especialmente de los informativos, en la gran mayoría de radios y de televisiones locales que hay en Catalunya, del mismo modo que se opuso a los intentos por parte del PP de privatizar Canal 9 (de la RTVV) en València. Y también apoyamos un modelo de IB3 para las Islas que rompa con la herencia del Gobierno Matas, que estableció desde un inicio la plena externalización, tanto de los programas como de los servicios informativos.
La mayoría de partidos integrados en el pacto de gobierno de las Baleares defendieron un cambio de modelo que de un lado desgubernamentalizara la radiotelevisión de las Islas, y del otro, acabara con la externalización total de la programación, empezando por los informativos. Aun cuando ha habido avances importantes en el pluralismo y en la normalización del catalán, no se ha avanzado en la reforma legislativa en la línea de la CCMA y de RTVE, y menos en procesos de internalización de partes de la programación, frustrante así las esperanzas de profesionales y de la sociedad balear e incumpliendo los compromisos electorales de buena parte de los partidos del gobierno autonómico.
Por todo ello, el sindicato apoya la posición del director general adjunto de la RTV balear que ha manifestado su desacuerdo con el continuismo mantenido por el máximo responsable del ente. Él ha mantenido con coherencia los principios por los que fue elegido y que le fueron aceptados, y es oportuno que sus manifestaciones sirvan para recordar a los responsables políticos sus compromisos.
Barcelona, 12 de junio de 2008