El Parlamento de Islandia aprobó por unanimidad, el pasado 16 de junio, la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI, por sus siglas en inglés). La IMMI es el mayor paso en defensa de la expresión que jamás se haya producido y hace de Islandia un paraíso de la libertad de información y de expresión donde los que publiquen, sobre todo en formato digital, tendrán la garantía de que su información nunca será reprimida.

La nueva legislación ofrece protección jurídica a las fuentes, así como a las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes. Se incluyen medidas que permitan poner fin a lo que se conoce como “turismo de la difamación”. Esta es una práctica de los grandes grupos empresariales que consiste presentar demandas por injurias en países donde la legislación es más desfavorable a los periodistas (como el Reino Unido), con independencia de los países donde están establecidas las partes. La nueva ley permitirá que aquellos que sean acusados en estos países puedan plantear un recurso contra el fallo en Islandia.

Los legisladores islandeses han estudiado la jurisprudencia relacionada con los paraísos fiscales y han estructurado una protección jurídica de la libertad de expresión análoga a las relaciones de confidencialidad que disfrutan los banqueros y sus abogados en los paraísos fiscales.

Estas medidas tienen como objetivo no sólo la protección de los periodistas, sino también de las empresas que publican su trabajo, las páginas que recogen la información u otros intermediarios. La idea es crear un marco favorable para el periodismo de investigación y para la libertad de expresión en un entorno propicio capaz de atraer a los medios de comunicación del mundo entero.

Andrew Scott, profesor de derecho en la London School of Economics estimó que estas medidas “transformarían al humilde periodista islandés en un superhombre jurídico, fuera del alcance de los tribunales de fuera de Islandia por los comentarios realizados desde su país”.