Por segunda vez en una legislatura se desvanece la posibilidad de aprobar la nueva ley de la CCRTV, un mandato parlamentario que data de diciembre del 1999, que instaba a reformar la ley de Creación de la Corporación (antes incluso que la del CAC y que se abordara una Ley Audiovisual general). Lo demuestra el hecho que el clamor de los profesionales del sector, avalado por los expertos en comunicación y en derecho a la información, trajo a una resolución transitoria según la cual el nuevo director general de la CCRTV, aun cuando lo seguiría nombrando el Gobierno, requeriría del visto bueno del consejo de administración, hecho que llevó a la elección de Miquel Puig, impulsor de una primavera que, todo y contradictoria, se congeló a raíz del nombramiento de Artur Mas como candidato en las elecciones del 2003, hecho que comportó la caída de Puig y la primera interrupción de los trabajos de la comisión que estudiaba la reforma de la Corporación.

Este segunda vez lo que parecía surrealista ha demostrado no serlo tanto: ante una propuesta que desgubernamentalizaba y despartidizaba la gestión de la CCRTV, la oposición se mostraba reticente, afirmando que escondía (sin que lo demostrara por ninguna parte) intentos de controlar los medios de la Generalitat. Finalmente, y tras mucha paciencia y prudencia de los integrantes del tripartito para traer al consenso a PP y CIU, se consiguió el acuerdo en ponencia, a expensas de rebajar el carácter más participativo en las propuestas al CAC de miembros del consejo de administración (o de Gobierno, como se debía decir, en la que también pasaba a llamarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales). Pero los retrasos -con varios responsables- a la hora de llevarlo al pleno, la ruptura del tripartito y el distanciamiento de ERC del acuerdo de ponencia, más la convocatoria anticipada de elecciones, acortaron al mínimo el tiempo para tirar la ley adelante, de forma que sólo se podía hacer en trámite de urgencia y por el procedimiento denominado de lectura única (que acorta el periodo de enmiendas, no contempla comparecencias, etc.), que requiere, al contrario que para la aprobación de la Ley, el consenso de todos los partidos.

El endurecimiento del clima preelectoral y la demostración de poca credulidad de PP y CIU en un modelo no gubernamental ni partidizado de medios públicos han hecho el resto, y la sola petición de comparecencias hecha por estos partidos, innecesarias porque ya se habían hecho en el año 1999, y la opinión del grueso del sector es lo suficiente conocida, han imposibilitado nuevamente que se aprobara la ley. Ahora, volvemos al inicio. Habrá nuevo gobierno, nuevo director general de la Corporación, nuevos directores de TV3 y Catalunya Ràdio, nuevos jefes de informativos, y también, probablemente, de programas, de áreas de sección, y, si hace falta, de conductores de Informativos.

Como el resto de medios públicos, excepto RTVE, que todo y la dureza del plan de reconversión laboral, dispone ya de la nueva ley de la Corporación RTVE que, todo y las limitaciones, contempla que el director general no lo nombre el Gobierno, sino el Parlamento. Tanto haber sido la vanguardia de la democratización del audiovisual público para terminar como Canal 9 o la TeleMatas de IB3, y para retroceder no sin consecuencias, como se está viendo con los cuestionamientos de varios orígenes de las tareas, funciones y composición del CAC, el único reducto de consenso en comunicación audiovisual que había permitido el debate monográfico de 1999 ahora también ha sido puesto en cuestión.