Los neoliberales, contra la información veraz en todas partes

Desde hace seis años el Sindicat de Periodistes de Catalunya reclama del Parlament de Catalunya la reforma urgente de los medios públicos de comunicación, y de los audiovisuales en general, para que sean un factor de conformación de una opinión pública democrática, a través de una información veraz y rigurosa sobre los hechos sociales, políticos y culturales que se producen.

Durante estos años hemos valorado positivamente el papel del CAC y los avances en la asunción de competencias que han significado las distintas reformas en la ley que lo regula. Pero hemos denunciado reiteradamente la demora de las otras dos leyes comprometidas en el debate monográfico sobre el Audiovisual de diciembre de 1999: la reforma de la Ley de la CCRTV, y la elaboración de la Ley Audiovisual de Catalunya, que debe regular todo el sector, tanto público como privado, y tanto de ámbito catalán como local. Y especialmente hemos lamentado que no todas las fuerzas políticas catalanas hayan apostado por un nuevo modelo de medios públicos que los desligue del gobierno de turno y dote a los directores generales y a los consejos de administración de la independencia y de las competencias necesarias para ofrecer un servicio realmente público, motivo que ha llevado al estancamiento de la Ley de la CCRTV.

Lo que no podíamos esperar es que el proyecto de Ley del Audiovisual, aprobado en ponencia y por consenso antes del verano, y que debía votarse en el Parlament el 15 de diciembre, esté ahora impugnado por el PP catalán, enviándolo al Consell Consultiu de la Generalitat, al día siguiente mismo que el panfleto electrónico llamado Libertad Digital, dirigido por Federico Jiménez Losantos, acusara al PPC de haber votado el proyecto de ley. El motivo del flagrante delito sería haber aceptado que la ley defina que es una información “veraz” y de potestad al CAC para vigilar que ésta se garantiza en los medios audiovisuales. La maniobra implica un nuevo retraso, que puede ser de meses, en la aprobación de la ley, y una nueva demora, con nuevos obstáculos, de la reforma de la Ley de la CCRTV.

Para los profesionales de la información, la situación es ya doblemente irritante: no sólo porqué se retrasan sistemáticamente todas las leyes que podrían blindar la independencia de los medios públicos, sino porqué la oposición neoliberal a las propuestas para regular el conjunto de la profesión (Estatuto del Periodista Profesional y Ley de Derechos Laborales de los periodistas) que están en el Congreso de los Diputados, ha contaminado incluso posiciones anteriores sobre el audiovisual público y les hacen hacer marcha atrás en lo poco que habían aceptado. Así lo demuestran declaraciones de responsables de televisiones privadas contra el intento de regular los contenidos a través de una Autoridad Audiovisual española, las del Presidente de la FAPE en el mismo sentido y, ya en plan libelo incendiario, la opinión de Jiménez Losantos, que ahora carga también contra el CAC diciendo que es un órgano del Gobierno de la Generalitat, y miente sobre la trayectoria, la aptitud y la composición de sus miembros, todo, claro, porqué el Consejo había elaborado un informe sobre la actuación de la COPE en los últimos conflictos sobre la reforma del Estatuto de Catalunya.

Por todo ello reclamamos un pronunciamiento claro de las instancias profesionales, sindicales, políticas y sociales en favor de la defensa al derecho ciudadano a una información veraz, que como pasa en los países de nuestro entorno, sólo puede garantizarse con leyes reguladoras y, lógicamente, con organismos que aseguren su cumplimiento.

Barcelona, 29 de noviembre de 2005

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