Dardo Gómez, secretario general de la FeSP, publica un nuevo artículo en El Observador en el cual aborda la falta de regularización de la profesión periodística. Una de las repercusiones de esta situación es que no se sepa con total seguridad el número de parados existente en el sector. En el artículo, Dardo Gómez afirma que “todos los cálculos, estudios y la mayoría de los artículos publicados sobre el paro en el periodismo son erróneos ya que nadie puede recoger la realidad ocultada de miles de periodistas a la pieza -colaboradores y corresponsales- que navegan en las pateras de los medios ante la indiferencia de la Administración y un silencio culposo que legitima el delito”.

Según los datos reflejados en el último Informe Anual de la Profesión Periodística que ha difundido la Fape (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) en septiembre de 2012 había 13.383 personas que demandaban un empleo como periodista en primera opción, y 10.549 parados registrados como tales. En cuanto a la destrucción de empleo, desde mediados de 2008 hasta octubre de 2012, se habrían visto afectados 6.393 empleos en empresas de medios. No solo de periodistas, sino de trabajadores del sector en general y se esperaban otros 2.990 afectados en las próximas fechas por negociaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) y otros procesos de despidos que están en curso. En los primeros días del año se habla de que pronto se alcancen los 5.000 periodistas en el paro. El mismo coordinador del informe mencionado señalaba en su presentación que estas “son cifras mínimas y contrastadas” y agregaba que “no nos cabe duda de que algunos despidos no trascienden”.

Creo que en lo de “algunos” se ha quedado corto y en cuanto a lo de “no trascienden”, opino que mejor sería “no lo podemos saber”. No por defecto del estudio, simplemente, no hay datos registrados. Lo mismo ocurre con todos los estudios y informes sobre esta lacra del paro en el periodismo; no pueden ser sino tanteos y aproximaciones posibles. Esto es así y no podrá dejar de serlo mientras no podamos saber de forma fidedigna cuántas personas trabajan de periodistas en España; cosa imposible de conocer mientras este oficio o profesión -llámenlo como quieran- no cuente con una regulación adecuada como ocurre en el resto de países de nuestro entorno.

Si tomamos como base que entre el 30 por ciento (diarios) y el 80 por ciento (revistas y medios audiovisuales) de la producción periodística -según las plataformas- venía siendo realizada por periodistas a la pieza (los llamados colaboradores y corresponsales) de los que no hay registro alguno y que en este colectivo la escabechina ha sido sangrante, tanto en despidos como en recortes de los salarios o precio de sus colaboraciones las cifras de la precariedad se pueden disparar hasta no sabemos dónde.

Una desinformación que se está incrementando, ya que este colectivo “invisible” aumenta gracias a la creciente práctica de despedir personal de plantilla e incorporarlos al status de “colaboradores”. Claro está, con menores sueldos y sin Seguridad Social. Una infamia.

Silencio culposo

A principios de enero un digital especializado en temas de comunicación decía “Hace unos días publicábamos que casi 4.000 empleados de medios de Comunicación habían sido despedidos en 2012. El dato que no deja de ser escalofriante sólo incluye despidos formales, pero excluye la realidad de muchos corresponsales y delegados que trabajan a la pieza y cuyos ceses de contrato no pueden ser cuantificados. Es la realidad oculta de los despidos en un año en que los grandes Grupos aligeraron duramente sus estructuras locales”. Realmente hablar de “despidos formales” y de“ceses de contrato” podría llamar a risa, si no fuera para irritarse.

Habría que preguntar al cronista cuales son los “despidos informales”; pero, se me ocurre que viene a ser cuando a uno le dicen que se largue después de haber estado trabajando durante meses o años sin contrato alguno. Bien porque uno jamás se atrevió a reclamarlo ante la silente amenaza que le cortaran los víveres o porque lo obligaron a darse de alta como trabajador autónomo, vulnerando la ley al respecto. Ambas situaciones a la que uno ha sido conducido por el terror imperante en las redacciones; que los valientes ya están en la cola del paro…

Tanto en los informes, estudios y análisis como en las crónicas hay un silencio culposo sobre este tema, impera un miedo vergonzante a desvelar y/o denunciar que la inmensa mayoría de las empresas periodísticas de España, desde hace decenios, están vulnerando de forma continuada el Estatuto de los Trabajadores y estafando de forma reiterada a la Seguridad Social.

Habría que agregar que esto es algo que conocen todos los gerentes y directores de personal de esas empresas y todas las administraciones laborales del estado, por lo menos, desde hace veinte años. La prevaricación e impudicia es generalizada.

Como uno tiene memoria recuerda que el último proyecto de Estatuto del Periodista Profesional elaborado por la FAPE (documento del 2009, hoy desaparecido en combate) liquidaba esta cuestión señalando que “Es periodista por cuenta propia aquél cuyo trabajo consiste en obtener y elaborar información, ya sea por propia iniciativa, ofreciendo el producto resultante a una o varias empresas informativas para su difusión, o bien en virtud de encargo.”

Y santas pascuas; no podría haber un alineamiento más claro con los abusos de las empresas periodísticas; abusos que hoy permiten que miles de periodistas a la pieza estén en la calle sin haber recibido un céntimo de indemnización o hayan visto recortadas de forma salvaje sus remuneraciones sin capacidad legal de defenderse.

No son creíbles

En los últimos meses han proliferado pronunciamientos de distintos parlamentos autonómicos e, incluso, del pleno del Senado de la Nación a favor de la protección de los derechos de los periodistas y en defensa del periodismo.

En la cámara alta firmaron ese pronunciamiento los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia i Unió, Vasco (EAJ-PNV), Mixto y Entesa pel Progrés de Catalunya.

Como uno tiene memoria, tiene derecho a recordar que -salvo los dos últimos grupos- todos los restantes se opusieron o pusieron todas las trabas posibles para que en anteriores legislaturas no se sancionara la “Ley de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas”.

Casi coincidente en el tiempo, el pasado diciembre el PSOE presentó una proposición no de ley -firmada por el diputado por Segovia Juan Luis Gordo y su colega Ramón Jáuregui-, para que el Gobierno “reanude” el diálogo con las empresas y las asociaciones representativas para acordar un marco de ayudas al sector de la prensa y mejorar la situación de los periodistas.

No creo que sea necesario recordarle al diputado Jáuregui que su grupo parlamentario, junto con el PP y otras formaciones, rechazó por dos veces la “Ley de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas” que a propuesta de IU-IC-V había sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados el 23 de abril de 2004 y reiterada ante la misma Cámara el 23 de abril de 2008.Y esto, a pesar de haber contado los sindicatos de periodistas con el compromiso escrito de José Luis Rodríguez Zapatero de atender esas demandas. Quizá el futuro presidente no se imaginaba, en esos momentos, que habitaría el Palacio de La Moncloa y que como tantos otros inclinaría la cerviz ante el poder intimidatorio de los medios. Miserias de la vida cotidiana…

No se puede menos que suscribir las palabras del periodista andaluz y secretario de Acción Sindical del SPA, Paco Terrón: “Aunque una declaración institucional como la del Parlamento de Andalucía sea positiva, lo que hace falta para defender el periodismo es legislar.” Clarísimo; el resto son brindis al sol y afirmaciones vanas de personajes fatuos que quieren quedar bien en los titulares, pero sin mojarse ni la suela de los zapatos.

Libertad de prensa o de fisco

Es sabido que la libertad de prensa, en boca de los empresarios de medios, sirve tanto para un barrido como para un fregado; todo ataque o crítica a sus desmanes legales lo transforman en ataques a una supuesta libertad de prensa.

El pasado diciembre el ministro Cristóbal Montoro ha probado de esta medicina por haberse atrevido a decir en sede parlamentaria que algunos medios de comunicación se atreven a “dar lecciones de ética tributaria cuando tienen importantes deudas con el fisco”. Al día siguiente, el diario El País -aunque no había sido mencionado por el ministro- publicó un virulento editorial en el que señalaba que “El irritado discurso del señor Montoro invita a temer que a partir de ahora los gobernantes pueden atacar a las empresas periodísticas y a las personas que se atrevan a discrepar del discurso ministerial con todas las armas disponibles desde la Administración. Es un amago de amenaza y chantaje como forma de censura previa, bordea, si no es que cruza, la legalidad y resulta intolerablemente antidemocrático.”

Aviso para navegantes

Está claro que los grupos de comunicación españoles creen disponer de un estatus especial y que su manida libertad de prensa les vale tanto para manipular la información a su antojo como para rechazar ser criticados por cualquiera de sus actividades dudosas. Aunque estas no tengan nada que ver con su labor informativa.

Si alguna vez, algún político o ciudadano corriente intentara denunciar legalmente como las empresas periodísticas han estado aplicando el convenio de oficinas a trabajadores de las redacciones, han mantenido durante años trabajadores sin contrato, han obligado altas de autónomos en flagrante fraude de ley y han hecho pasar como freelance a trabajadores que trabajaban en total relación de dependencia (entre otras lindezas); ese día se volverá a publicar que se está consumando un ataque a la libertad de prensa…

Y me temo que en ese momento, los mismos que hoy lanzan encendidos discursos y promueven iniciativas de vuelo gallináceo guardarán escrupuloso y vergonzante silencio. Que una cosa es declamar y otra distinta es denunciar y sacarle los colores a quienes han llevado al periodismo español a la actual situación.

Y no han sido los periodistas, que conste…