Serveis Balears de Televisió (SBT), la empresa que elabora los servicios informativos de IB3, ha despedido a 27 trabajadores: 23 de la televisión y 4 de la radio, entre técnicos, cámaras y redactores. Según el comité de empresa de SBT, se ha argumentado que la plantilla está “sobredimensionada” y era necesaria una reducción de personal. Los trabajadores han mostrado su rechazo y “profundo malestar” por unos despidos que se han realizado “sin ningún criterio conocido y que se suman a la política sangrante que, en los últimos meses, está practicando SBT”.

La empresa afirma que se trata de despidos objetivos porque ha bajado el trabajo para IB3 y advierte que si en los próximos meses no consigue más volumen de trabajo del Ente Autonómico, se producirán más despidos.

Por su parte, en un comunicado, los trabajadores de SBT afirman estar “agotados” de denunciar públicamente “la precariedad” en la que trabajan: “presiones continuas, prácticas antisindicales, inestabilidad de los pagos de salarios, despidos continuados, no aplicación del convenio colectivo… I todo ello con la conformidad del director general de Ib3, Antoni Martorell y cómo no, del presidente del gobierno balear, Francesc Antich”.

El pasado 23 de diciembre, el gobierno balear y el ente público IB3 firmaron un contrato programa con unos compromisos que los trabajadores de SBT consideran “absurdos y inasumibles”, especialmente donde se asegura que la radiotelevisión pública serían “un modelo socialmente reconocido, de austeridad, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos estableciendo los controles adecuados para garantizar una suficiente financiación”.

El comité de empresa, que denunciaba no haber visto nunca el contrato de IB3 con SBT, denunció en aquel momento que no se garantizaba la subrogación a los trabajadores, “que se ven obligados a cambiar de productora para hacer el mismo trabajo con un contrato más precario”, además de la “destrucción lenta y continua de la plantilla”.

El comité de empresa de SBT también exigió una auditoría para explicar los gastos “que han conducido a una deuda millonaria” ante la “inoperancia de los organismos de control públicos” ya existentes.

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