La Federación de Sindicatos de Periodistas, organización a la que pertenece el SPC, denuncia que la falta de regulación legal de esta profesión hace posible tratamientos lamentables de noticias como el caso de la niña muerta en Tenerife.
En los últimos días, los ciudadanos han tenido que asistir al lamentable espectáculo de ver a muchos periodistas y medios de comunicación pidiendo disculpas por el tratamiento inadecuado y desproporcionado que habían dado antes a un caso supuestamente delictivo: la muerte de una niña en Tenerife y la presunta responsabilidad que la policía atribuyó al compañero sentimental de la madre.
Si los medios de comunicación –con las excepciones pertinentes– se hubieran limitado a cumplir con su deber de informar con imparcialidad, sin contribuir al morbo, no hubieran tenido que disculparse. Simplemente, se habría tratado de un error de las fuentes informantes.
Posteriormente, algunos medios se han lanzado sobre los restos de la noticia, con la excusa de buscar una exclusiva cuando en realidad sólo perseguían, una vez más, el morbo: han presumido de haber logrado entrevistar al hombre inicialmente acusado cuando éste se encontraba en tratamiento psicológico y apenas podía pronunciar palabras inteligibles, hasta el punto de que las televisiones que difundieron sus declaraciones tuvieron que poner subtítulos para que se entendieran.
Al daño que esta actuación de los medios produce a los profesionales de la información se ha unido la de unos policías que, para detener al hombre que mantenía atada y secuestrada a una mujer en una caja de ahorros de Burgos, se han hecho pasar por periodistas para poder entrar en la entidad y reducirle. Esta simulación es muy peligrosa para la actividad periodística y demuestra la creciente falta de respeto hacia esta profesión.
Los medios de comunicación, y de manera especial los programas de televisión supuestamente periodísticos concebidos exclusivamente como un deleznable servicio al mercantilismo, son los principales responsables de este descrédito.
Ante todo esto, la Federación de Sindicato de Periodistas (FeSP) denuncia ante la opinión pública que estos hechos lamentables no van a ser sancionados, y sólo habrán obligado a una petición de disculpas, porque no está regulado por ley el derecho a la información de la ciudadanía y, junto a él, los derechos y deberes de los periodistas.
Este tipo de comportamientos por parte de medios y periodistas no se van a impedir con acuerdos de autorregulación que, como se ha demostrado hasta la saciedad, las empresas no cumplen porque sólo les preocupa la audiencia. Sólo una regulación de la profesión periodística por ley, con la posibilidad de imponer sanciones, evitará actuaciones profesionales lamentables que cada vez son más frecuentes.
Hasta ahora, los intentos de los sindicatos y organizaciones de periodistas no han prosperado en el Congreso de los Diputados, debido a que el Gobierno no ha querido enfrentarse a la oposición de los grandes grupos de comunicación y ha preferido no cumplir su reiterada promesa electoral, así como a la falta de voluntad de los dos grandes grupos parlamentarios, el PSOE y el PP. La FeSP hace un llamamiento, una vez más, al Ejecutivo y al Parlamento para que pongan fin a esta situación, insólita en la Unión Europea.
3 de diciembre de 2009
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)