La nueva correlación de las fuerzas políticas en el Parlamento español que ha surgido de las urnas el pasado 14 de marzo habrá de modificar la gestión en distintas áreas de la sociedad española, pero en lo referente a los medios de comunicación y tratamiento de la información los cambios pueden ser importantes. Esto puede producirse en parte porque la mayoría de los partidos políticos que han aumentado su presencia parlamentaria tienen asumido el compromiso programático de modificar varios aspectos de esa área. Otra razón a tener en cuenta es que la política dirigista de la información desarrollada por el gobierno saliente ha provocado una reacción nunca antes producido en la ciudadanía. El nuevo gobierno, a poco que actúe de forma sensata, debe satisfacer esa necesidad manifestada por los ciudadanos de recibir información veraz, aunque en algunos quizá haya sido una necesidad no sentida.

Las promesas son deuda
En el último tramo de la pasada legislatura el grupo parlamentario socialista presentó una proposición no de ley para debatir en el Congreso de los Diputados un necesario estatuto que regule la profesión periodística y, de forma paralela, un proyecto de su regulación laboral por ley. Pocas semanas más tarde, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya-Verds presentaban sendos proyectos de ley con los mismos propósitos. Estos últimos presentaron dos textos prácticamente idénticos a la propuesta de Estatuto del Periodista Profesional y de Ley de Regulación Laboral de los Periodistas, elaborados por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), que fueron aprobados por la Convención de Periodistas de España en mayo de 2000 en Valladolid. Los organizaciones miembros del Foro se habían ocupado en su momento de hacer llegar esos proyectos a todos los grupos parlamentarios, en una ronda que obtuvo como resultado directo que la casi totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria consideraban necesarias esas leyes; CiU apuntó que convenía una consulta con los empresarios de medios, para arribar a un consenso y el PP no se pronunció.

En el Parlamento, las propuestas fueron rechazadas de plano por el PP, que en ese momento contaba con mayoría absoluta, pero los partidos proponentes aseguraron que las volverían a presentar en la actual legislatura. De hecho, las han incluido en sus programas electorales y el candidato del PSOE se dirigió por escrito a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) comprometiéndose con esto reclamos más el de democratización de los medios públicos (www.fesp.org). Cabe la posibilidad que el PP cambie su actitud frente a estos temas en la legislatura que se inicia; ya que en la anterior, los parlamentarios del partido en el gobierno rechazaban casi por sistema las propuestas de la oposición.

Los ligeros argumentos de los legisladores del entonces partido del Gobierno para justificar su rechazo a esas propuesta parecen dictados por el prejuicio de que la propuesta de la oposición suponía una crítica a medios afines al gobierno o que denunciaba la existencia de una manipulación informativa en la que intuían que se pretendía involucrar al gobierno. Sin duda, ahora esa actitud deberá cambiar y los parlamentarios del PP tendrán que asumir una actitud más flexible frente a los demandas de los informadores para regular su profesión. Esta nueva situación nos lleva a un moderado optimismo; de hecho tenemos que creer que todos cumplirán sus compromisos y que habrá debate en el parlamento sobre nuestras propuestas; pero no hay más garantía que esa…

Existen fuertes poderes fácticos que presionaran y de manera muy intensa para que los políticos no cumplan los compromisos adquiridos con nuestra profesión o que lo hagan rebajando en mucho los alcances de esa regulación. La labor de las organizaciones de periodistas deberá estar dirigida en los próximos meses a recordar a los políticos que “las promesas son deuda”, más aún si se hacen en período electoral. Sin urgencias, pero con presencia.

De forma paralela, habrá que hacer pedagogía entre la profesión que empezará a ser intoxicada desde la cúpula de sus medios y también por muchos colegas; sobre todo desde las filas profesionalistas que, con argumentos de máscara progresista, defenderán los intereses neoliberales de sus empresas. Esta tarea de información es importantísima ya que no se debe descartar la necesidad de movilizar las redacciones para respaldar a los políticos que se sientan comprometidos de verdad con la palabra dada a los ciudadanos.

No debemos estar solos
Al principio señalaba que el nuevo gobierno no puede despreciar los reclamos populares de los últimos meses del gobierno saliente y que tuvieron su expresión más clara en la tarde del 13 de marzo. En la sucesión de hechos que arrancaron con la huelga general del 20 de junio de 2002 y que culminaron en la vigilia electoral, además de la denuncia de sus causas y responsables, hubo de manera permanente un reclamo de información veraz. Las denuncias contra su ocultación o su distorsión estuvieron presentes en todo momento.
Ese reclamo o necesidad de información puede que no haya sido consciente en muchos que lo expresaron; pero podríamos decir lo mismo de otros derechos fundamentales. Es obligación de los políticos y también de los periodistas saber leer los mensajes e interpretarlos.

Tomemos un eslogan de los más repetidos el 13M: “antes de votar queremos la verdad”, es claro que las personas estaban dando a esa información valor estratégico para decidir su voto. Este es un hecho nuevo que no se puede desatender; por lo mismo ha de ser parte de nuestra tarea de reivindicación hacer llegar nuestras razones a las organizaciones ciudadanas que ya han demostrado su preocupación por la información. Ante la previsible campaña de los medios contra nuestro proyecto debemos hacerle llegar a la ciudadanía que, además de la defensa del ejercicio digno de nuestra profesión, está en juego la supervivencia de los valores democráticos.

Porqué hay que regular
Durante la transición política ni en los años posteriores, no hubo desde las organizaciones de periodistas la suficiente lucidez para mirar en nuestro entorno y comparar nuestra situación con la de los colegas en el resto de Europa. Una sola mirada hubiera bastado para entender que, sin una regulación, tanto los periodistas como la información quedaban librados sin ningún freno a las apetencias de las empresas de medios. Resulta sorprendente, pero, que en el momento de salir del desierto preconstitucional nadie pareció interesarse por saber como funcionaban los periodistas en otros países ni se preguntaran, quienes lo conocían, porqué ellos se habían dado algunas normas que aquí parecían extravagantes. Por simple miopía se pensó que tras la ley Fraga, lo mejor era ninguna ley; a ello contribuyeron ciertos personajes de nuestra profesión que, bien por torpeza o por proximidad a los intereses de sus amos, proclamaron que toda regulación de la profesión iba contra la libertad de los periodistas. No es necesario abundar en comentarios, los resultados están a la vista.

En 1993, la aparición de los sindicatos de periodistas en el panorama español introdujo en el discurso reivindicativo de la profesión la necesidad de medidas reguladoras para amparar el ejercicio independiente de la profesión, entendiendo que esta regulación debía incluir un amplio arco de seguridades y que la estabilidad laboral era imprescindible para que esas seguridades, en el momento que se alcanzaran, tuvieran vigencia real . Coincidente en el tiempo, el 1 de julio de 1993 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo; que está recomendado a los gobiernos de todos los países miembros y que recoge muchas de las reivindicaciones que introducían las nuevas organizaciones de informadores:

– Los editores, propietarios y periodistas no deben considerarse dueños de la información.
– El periodismo se basa en los medios de comunicación, que se sustentan en una estructura empresarial; en ella hay que distinguir entre editores, propietarios y periodistas.
– El respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o de los propietarios queda limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de las noticias y de la rectitud ética de las opiniones, exigidas por el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
– Las empresas de información deben ser consideradas como empresas socioeconómicas que hagan posible la prestación de un derecho fundamental.
– En función de estas exigencias, es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas, a quienes corresponde, en última instancia, transmitir la información.
– Es necesaria la elaboración de estatutos de la redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Dentro de estos estatutos se prevé la existencia de comités de redacción.
– Para asegurar la calidad de trabajo del periodismo e independencia de los periodistas es necesario garantizar un salario digno y unas condiciones, medios de trabajo e instrumentos adecuados.

La correspondencia entre precariedad profesional y precariedad laboral bien las condensa Enric Bastardes, secretario general de la FeSP, al señalar que periodistas tan frágiles como los españoles no pueden sortear las presiones políticas, económicas, ni menos aún las de su propia empresa a la cual, muchas veces, no les une ni un simple contrato laboral. Una sociedad democrática madura con periodistas en precario no puede estar informada ni con rigor ni con seriedad. Quizá a algunos la mejora de las condiciones no les sería suficiente para trabajar con mayor conciencia, pero para la mayoría son condición indispensable para convertirlos en verdaderos periodistas; cuando hoy son simples proveedores de contenidos, que no se atreven a correr el riesgo de perder su trabajo o hacen méritos para que algún día, cada vez más improbable, accedan a un puesto fijo.

Palos en las ruedas
En octubre pasado consideramos que, aunque se había abortado la primera propuesta de nuestra regulación, ya era positivo que hubiera entrado a debate en el parlamento; es innegable que ahora se abren vías más anchas y que hay razones para un moderado optimismo. Sin embargo sería de una gran ingenuidad no prever que la presión de los medios sobre el parlamento y sobre los sindicatos generalistas para frenar la regulación que reclamamos será fuertísima. No olvidemos que unos y otros los necesitan par divulgar sus proyectos; los medios bien lo saben y también saben como presionarlos.

La reacción ultramontana no sólo utilizará todas sus baterías sino que actuará unida ante nosotros; los sindicatos de periodistas ya sabemos que entre los empresarios de los medios rige el precepto perro no come perro. Con solidaridad digna de más alto destino las empresas ocultan por sistema nuestros conflictos laborales, nuestras reivindicaciones, y ponen sordina a los fallos judiciales favorables a nuestras demandas. Solo la tenacidad de nuestros militantes ha conseguido que la ciudadanía fuera adquiriendo conciencia de la humillante situación de muchos profesionales de la información.

No habrá diferencias entre los medios conservadores de siempre y los que presumen de progresistas y para la tarea contarán con algunos de nuestros colegas que les harán el juego sumando a su vocación profesionalista su devoción empresarial. En estas filas se alinearan algunos de los notables que ya durante la transición estaban en contra de toda regulación y que ahora serán capaces de defender una desregulación que permite que cerca del 40% de la información que se consume en España sea realizada por trabajadores sin relación laboral reconocida. No faltarán quienes se empeñarán en sostener con supina ingenuidad que el periodismo es una profesión liberal, otros seguirán confundiendo libertad de empresa con libertad de prensa y no faltarán los que sostengan que la pluralidad de medios es suficiente garantía de pluralidad informativa.

Las experiencias vividas en España y la calidad informativa de sus propias empresas son el mejor argumento a nuestro favor. Está a la vista de todos que no hay pluralidad informativa si esa pluralidad no se da en el interior de las redacciones, que la libertad de las empresas para informar sin censura no es garantía de información veraz y que es necesario dotar a los profesionales de la información de recursos y protección legales que les permitan preservar la calidad de la información de los intereses de sus empresarios sin poner en peligro sus puestos de trabajo. La existencia de estatutos y comités de redacción no afecta a las libertades de empresa y de prensa de los editores; simplemente salvaguarda la independencia profesional para proteger el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información de buena calidad.

Una información de la cual los ciudadanos son los legítimos propietarios. De la misma forma que la salud no es propiedad de las clínicas ni de los médicos y que la educación no lo es de los centros de enseñanza ni de los maestros, la información no es propiedad de los editores ni de los periodistas.

La sostenibilidad de las empresas
Tampoco faltará en el discurso involucionista, la apelación a la sostenibilidad de las empresas y al peligro que supondría para la continuidad de muchas de ellas la regulación laboral de nuestra profesión. Si eso fuera cierto, habría que informar a la opinión pública que en España hay medios en manos de empresas insolventes, de aventureros que sólo pueden desarrollar sus proyectos empresariales si el Estado les permite operar con plantillas encubiertas al margen de la ley, si pueden contar con miles de periodistas a la pieza sin protección social y sin derechos laborales, si se les conciente el fraude de ley de contratar como autónomos a trabajadores dependientes, si pueden seguir vulnerando mediante extorsión los derechos de autoría de sus trabajadores y si se les deja seguir utilizando a los estudiantes en prácticas como mano de obra gratuita. Si esto fuera cierto, que sepan los parlamentarios que nuestra información está secuestrada por manos poco fiables.

Tampoco faltará la acusación de supuesto corporativismo y también dirán que en nuestra reivindicación se oculta el afán de ganar privilegios que restringirían la libertad de expresión de los ciudadanos. Nada menos cierto. El tipo de regulación profesional que nosotros proponemos extiende su protección a todos los que de forma profesional ejerzan el periodismo y el reconocimiento de derechos específicos para garantizar la independencia de estos informadores no interfiere en el derecho de los ciudadanos a expresarse, opinar o informar con toda la libertad que le garantiza la Constitución Española.

El estatuto propuesto tampoco establece requisitos de titulación para el ejercicio profesional del periodismo, aunque entendemos que de existir éstos en los convenios o en la normativa laboral en nada supondrían un atentado a la libertad de expresión e información.

No a una regulación cualquiera
A pesar de todas esas piedras que nos hallaremos en el camino y de las señales equívocas que pretenderán engañar a los legisladores existen razones para un optimismo no ingenuo. Debemos confiar en los políticos que se han comprometido al cambio, y ellos, si saben leer el mensaje de la ciudadanía, habrán entendido que no se les ha dado un cheque en blanco. Sin embargo, nada nos asegura que la futura ley de regulación profesional y laboral de los periodista que salga del Parlamento vaya a estar diseñada a imagen y semejanza de nuestro proyecto.

Al contrario, mucho me temo que habrá variados recortes para alcanzar el imprescindible consenso parlamentario que haga posible la sanción de las leyes de regulación de nuestra profesión. También me temo que el redactado final de ellas no terminará de gustarnos, pero con todo habrá que reconocer que hemos dado un paso inmenso y que podremos comenzar a trabajar para mejorar algo que ya existe. Sin embargo, debemos hacer saber a los legisladores que no aceptaremos cualquier regulación; que estaremos muy atentos para denunciar una cirugía parlamentaria de retoque que termine anunciando a bombo y platillos una decolorada regulación que deje todo más o menos como está y además lo legalice.

La regulación laboral y profesional que defendemos se plantea desde la necesidad de recuperar la dignidad de nuestro trabajo y debe fijar las bases para garantizar a la ciudadanía que los medios informativos están a su servicio. Todo lo que no vaya en esa dirección sería un engaño tanto a los profesionales de la información como a la ciudadanía y una trampa a la democracia.

Etiquetas: ,