Artículo publicado por el portal comunicacio21.com

En diciembre de 1999 el Parlamento de Catalunya celebraba su primer debate monográfico sobre el Audiovisual. Lo favoreció el equilibrio de resultados entre CIU y PSC (ganadora una en diputados y la otra en número de votos), pero obedecía también a los posicionamientos profesionales y sindicales de los trabajadores de los medios públicos, y a los pronunciamientos del Col·legi de Periodistas y del SPC, que reclamaban el fin de la injerencia partidista y la desgubernamentalización de estos medios, que distorsionaba gravemente el derecho a la información de los ciudadanos y la tarea de los profesionales de la información.

Obviamente, ante los grandes cambios en el ámbito audiovisual, se aprovechó para tratar de poner al día la legislación en este campo, y además de acordar la elaboración de una Ley del Consejo del Audiovisual de Catalunya (que después se ha reformado para ampliar las competencias de este organismo), se planteó, para completar el proceso previsto en la resolución parlamentaria, la elaboración de una Ley del Audiovisual general que regulara todo el ámbito audiovisual, tanto el público como el privado.

En primera instancia, pero, y en consonancia con las reivindicaciones profesionales de los trabajadores, que tenía el apoyo de representantes del mundo académico de la comunicación y del derecho constitucional, se acordó reformar la Ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, en el sentido de independizarla del poder político y asegurar la neutralidad y la profesionalidad. Mientras no hubiera nueva Ley, y como muestra de la presión que habíamos ejercido los profesionales de estos medios, se llegó a un acuerdo provisional según el cual el próximo director general de la Corporación lo seguiría nombrando el Gobierno, pero requeriría el visto bueno del consejo de administración, en el cual, por primera vez y también por reclamación de los trabajadores y sus organismos, había miembros que no respondían exclusivamente al criterio de cuota política por partidos.

Así fue elegido en el año 2000 Miquel Puig, que inauguró una etapa de consenso que comportó mejoras en la línea informativa de las empresas de la CCRTV, y también la aprobación de un contrato-programa que quería garantizar la estabilidad financiera en un plazo de cuatro años. Pero se acercaban las elecciones del 2003 y CiU hizo caer a Miquel Puig, y paralelamente a este retroceso, porque el nuevo director general lo volvió a nombrar el gobierno de manera digital, se esfumó la posibilidad de reformar la Ley de la Corporación, por la negativa de CiU y PP. La oposición, en cambio, había hecho bandera de la reforma, y así se plasmó en el acuerdo del Tinell cuando se formó el gobierno tripartito.

A partir de aquí pasaron más de dos años buscando el acuerdo con la nueva oposición que, paradójicamente, se mostraba reticente a un proyecto que desgubernamentalizaba los medios de la Generalitat, hasta que en el mes de abril la ponencia creada al efecto dió luz verde a un texto consensuado, pendiente sólo del periodo de enmiendas que cada grupo podía presentar. Parecía que la ley estaba definitivamente encarrilada, pero la ruptura del tripartit cambió radicalmente las cosas. Y finalmente, si la ley no se aprueba, será por el impedimento de una fuerza política de quien no se podía esperar que pusiera obstáculos, y que ahora señala una serie de deficiencias del texto consensuado, a las cuales opone unas propuestas que sin duda mejorarían el proyecto pero que en la práctica llevan que este descarrile.

Los profesionales de la información y sus organizaciones representativas, como el Col·legi y el Sindicat de Periodistes, ya habíamos reclamado desde 1999 incorporar unos criterios ambiciosos en el contenido de la ley: desde proponer que fuera el CAC quien nombrara el director general de la CCRTV (cómo lo hace el CSA francés con el de la RTV pública), hasta garantizar la presencia de los representantes de los trabajadores, profesionales y laborales, y de entidades sociales en el consejo de administración o en el consejo asesor. Eran elementos que enriquecían el cariz democrático y de participación de los organismos de gestión y control de la CCRTV, pero que claramente situábamos en un plano diferente de las exigencias básicas, que eran la independencia de la Corporación respecto del gobierno, mediante un nombramiento del director general que atendiera a a independencia y a la profesionalidad, y un consejo de administración digno de su nombre que dejara de ser el fiscalizador partidista de la tarea de gestión, que sin la nueva ley, con razón podía seguir siendo cualificada de gubernamentalista.

Por esto nos ha sorprendido la superposición de planes diferentes por parte de uno de los partidos integrantes de la ponencia, que apelando ahora al objetivo máximo, la mejor ley que podríamos tener, obstaculiza de manera letal la posibilidad de tener ahora la mejor ley posible, fruto de un difícil consenso de más de dos años, y que hace difícil imaginar un desenlace más positivo en otro contexto posterior. Por el momento, lo que tendremos sin la nueva ley, es un nuevo director general nombrado a dedo por el próximo gobierno, un consejo de administración partitocrático como los de siempre, que entre otras virtudes avala y consolida el sistema de bloques electorales en los informativos -precisamente como reacción al gubernamentalismo de la dirección general- una sustitución en cadena de cargos superiores e intermedios que puede llegar hasta jefes de sección y editores y conductores de informativos, y la falta de un contrato-programa no garantizado por ley y sin el cual se hipotecaría el futuro de las empresas de la Corporación.

Tras más de seis años desde aquel debate audiovisual, no era este el resultado que esperábamos del Parlament de Catalunya.

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